El Gobierno andaluz destina más de ciento doce millones de euros para el pago de servicios y prestaciones en materia de dependencia, una cantidad, sin duda, muy bien empleada en atender a 16.826 beneficiarios de un sistema del que reciben 20.806 prestaciones. Los números lo dicen todo, pero no todo son números en este derecho alcanzado con un gobierno socialista. Los servicios que se prestan tienen bastante más valor que las cantidades que comentaba, fundamentalmente porque es imposible ponerle una cifra a la dignidad, a la ayuda, al apoyo o al cariño que reciben las personas dependientes, mucho más aún cuando esa atención se recibe en el hogar familiar. Precisamente, lo que conocemos como Ayuda a Domicilio se lleva en torno a 43 millones de euros del total del presupuesto. Los servicios de proximidad suponen, además, una importante fuente de empleo estable que da trabajo en la provincia a cerca de 2.300 personas. A pesar de que el esfuerzo que está realizando el Gobierno andaluz no es compartido por quien debe de hacerlo - el Gobierno de España está obligado a financiar la ley en un 50 por ciento - este año la Junta va ampliar su compromiso con estas personas. De esta manera, se ha puesto en marcha un Plan de Refuerzo, que pretende mitigar los efectos de los recortes del Ejecutivo central, avanzar en la atención de las personas con dependencia moderada y reducir los tiempos de respuesta, lo que permitirá incorporar este año a 76.400 personas más al sistema en Andalucía.

Hemos hablado tanto de recortes que posiblemente se haya banalizado la expresión, pero lo cierto es que en servicios públicos como este, hablar de recortes es sinónimo de dejar a muchas personas sin la ayuda que necesitan, y eso es muy duro. Por eso, no me resisto a volver a repetir que Andalucía, por decisión exclusiva del Gobierno de Rajoy, ha dejado de recibir más de 500 millones de euros que no estaban destinados para otra cosa que no fuese para dignificar la vida de quienes se encuentran en situación de dependencia.

Para hacer frente a esta cicatería del Partido Popular con las personas dependientes, el Gobierno andaluz ha incrementado los presupuestos un 2,5% más que en 2016 para el desarrollo de la Ley de Dependencia, alcanzando una cantidad similar a la que el Gobierno central destina para toda España: 1.250 millones. Esta cifra, por sí misma, también lo dice todo.