NO me han gustado las declaraciones del presidente andaluz, Manuel Chaves, proclamando que la corrupción es un hecho estructural en el Partido Popular, "que lo recorre de arriba a abajo". Primero, porque son inapropiadas en quien institucionalmente representa a todos los andaluces, también a los andaluces del PP. Segundo, ningún partido democrático, ni el PP, ni el PSOE ni ningún otro, es estructuralmente corrupto.

Un partido sería estructuralmente corrupto si hubiera nacido para corromperse, para enriquecer a todos sus miembros ilegalmente. La corrupción estaría entonces en su naturaleza, su vocación y su programa oculto. No es el caso. Donde reside la posibilidad de corrupción es en la naturaleza de los seres humanos, militantes o no de partidos políticos, y eso vale en cualquier sistema de organización de la vida política o social.

Ningún partido está libre de que se le arrimen individuos dispuestos a hacer lo que sea preciso para obtener beneficios ilícitos cuando accede al poder y sus alrededores, ya sea en el ámbito nacional, en el municipal, autonómico, empresas públicas, etcétera. Lo que cabe exigir a cualquier partido es que reaccione con firmeza y energía para apartar a los corruptos que aniden en sus filas, limpiar el patio y depurarse. Es imposible pensar que todos los miembros, simpatizantes y adheridos a una organización política cuyo objetivo es alcanzar el poder sean honrados, generosos e idealistas. Lo que sí es posible, y necesario, es que la organización tenga capacidad y voluntad de expulsarlos.

Posible y necesario, pero no corriente. La primera reacción que conocemos en todos los partidos ante el descubrimiento de irregularidades, tropelías y tráficos de influencias en su seno es, de modo sistemático, activar el patriotismo de partido y considerar un ataque injustificado al conjunto del partido toda denuncia que afecte a alguno de sus militantes. Luego, cuando la denuncia pasa a ser imputación de delitos, procesamiento o sentencia -hay casos para todos los gustos-, se suele terminar reconociendo la verdad amarga.

Pero, incluso en estos casos, la celeridad en la asunción de responsabilidad y el rigor del castigo depende de la fuerza interna del implicado. Así vemos a alcaldes a los que en cuanto son detenidos por presunta corrupción se les expulsa sin contemplaciones (probablemente el partido ya conocía sus actividades delictivas, pero no hacía nada) y otros, sin embargo, que llegan a juicio con un montón de pruebas en su contra y todavía son jaleados por sus correligionarios y protegidos por la presunción de inocencia.

Los partidos actúan con ventajismo frente a la corrupción propia y ajena. Pero ninguno es estructuralmente corrupto.

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