E L Gobierno de Rajoy nos ha presentado unos presupuestos absolutamente decepcionantes que renuncian a trasladar la recuperación económica a las familias y que, especialmente, castigan a Andalucía. No apuestan por el empleo, dan la espalda a la ciudadanía y fían el aumento de la recaudación a la presión sobre trabajadores, clase media y pymes. Andalucía es la comunidad en la que más bajan las inversiones, un 36,6% o, lo que es lo mismo, 668 millones de euros menos. No hay ninguna apuesta estratégica para la economía de la comunidad, ni tampoco ningún plan de empleo, tal y como venimos reclamando, para complementar los que tiene en marcha la Junta de Andalucía.

En ese escenario, Almería sale muy mal parada con unas raquíticas inversiones que no responden ni de lejos a las expectativas que se habían creado. Nuestra provincia está siendo tan maltratada por el PP que hasta su portavoz en el Congreso, el mismísimo Rafael Hernando, lo ha reconocido. Sin embargo, pedir perdón no conduce, en este caso, a ningún sitio si a la misma vez los dirigentes 'populares' en nuestra provincia no son capaces de recomponer los presupuestos vía enmiendas y se atienden las necesidades que tenemos en materia de comunicaciones ferroviarias, de infraestructuras hídricas o eléctricas.

Eso desde el punto de vista de las obras, que son importantes, pero que no lo son todo en un presupuesto. Digo esto porque estamos también ante unas cuentas del Estado para 2017 que consolidan los recortes, y agudizan y hacen más complicada la situación para los colectivos más vulnerables. Sirva como muestra que desde 2011 la cobertura por desempleo ha caído 14,4 puntos. En nuestra provincia, 30.259 personas, casi la mitad de los parados no reciben ya ninguna prestación. El gasto público sigue perdiendo peso con respecto al PIB, ha pasado del 45,8% en 2011 al 41,3%, es decir, 4 puntos y medio menos. Esto significa, en dinero contante y sonante, que el Gobierno de Rajoy ha dejado de gastar 50.000 millones en políticas que deberían haber ido a paliar los efectos de la crisis en las familias, las empresas y los servicios públicos. Resulta obvio que en ese mismo contexto, empleados públicos y pensionistas van a seguir perdiendo poder adquisitivo.

En definitiva, hablamos de unos presupuestos que no dan respuesta ni a los problemas de la ciudadanía ni a los retos que tiene por delante la economía española.