Los ciudadanos españoles vamos a convertirnos otra vez en los pagafiestas del PP, gracias a que este partido sólo sabe hacer ruinosos negocios públicos cada vez que gobierna el país. Después de haber rescatado a la banca, en una operación en la que todavía no se sabe con exactitud cuánto dinero público se ha quedado por el camino, parece que ahora toca rescatar a las autopistas de peaje que han quebrado, según ha dicho el Gobierno. Aunque aquí las cifras tampoco están muy claras, se calcula que la broma nos va a costar a todos los españoles entre 1.000 y 3.500 millones de euros.

Lo que ha ocurrido con estas autopistas, entre las que figura la Vera-Cartagena, ha sido un despropósito desde el principio. Corrían los tiempos de Aznar como presidente cuando el Gobierno del PP sacó estas autopistas de peaje a licitación, prometiéndoles a las empresas concesionarias un negocio que no era tan jugoso como parecía. Como el tiempo se ha encargado de demostrar, el Gobierno distorsionó la realidad en los informes que les presentó a las empresas, reduciendo los costes de expropiación e inflando artificialmente las previsiones de tráfico.

Como consecuencia de esta irresponsabilidad y como no podía ser de otra manera, al final estas autopistas han terminado quebrando. Ahora, los planes del Gobierno pasan por pagarles a los acreedores de las empresas quebradas 2.000 millones de euros (aunque ellos reclaman 4.500 millones) y volver a licitar estas carreteras por segunda vez, aunque ahora por mucho menos dinero: apenas 1.000 millones. Esto significa que las pérdidas para las arcas públicas oscilarán entre 1.000 y 3.500 millones de euros. En otras palabras: una ruina.

Los socialistas exigimos al Gobierno que deje de marear a los ciudadanos y diga cuál va a ser el coste final de rescatar las autopistas de peaje quebradas. Además, exigimos que en las nuevas licitaciones se impida que los beneficios sean para las empresas y que las pérdidas las paguemos los ciudadanos. Exigimos que las nuevas licitaciones vayan acompañadas de mejoras en materia de movilidad, en las áreas de influencia de las autopistas. Y una cosa más, una lección que extraer de toda esta historia: jamás debería consentirse que un partido utilice el dinero de todos los españoles para hacer políticas partidistas, forzando los números de los estudios para justificar la viabilidad del negocio que pretenden hacer.