Hoja de ruta

Ignacio Martínez

El país de la señorita Pepis

LA consejera de Justicia sostiene que el único responsable de que el asesino de Mari Luz estuviese en libertad es el juez que lo condenó y no se ocupó de encarcelarlo. El Consejo General del Poder Judicial también apunta hacia ese juez y contra el de la Audiencia de Sevilla, que se tomó tres años para ratificar la primera condena. Se van a poner duros los inspectores del CGPJ. Hasta la próxima. Hay acontecimientos que nos dejan perplejos y con sentimiento de indefensión. Lo llaman alarma social. El responsable de la muerte de Mari Luz debía estar en la cárcel desde 2005, por haber abusado de su propia hija. Pero a veces, la Justicia parece un juego de azar.

Al juez de lo Penal de Sevilla Rafael Tirado, el Poder Judicial le sancionó en 1995 por retrasar un mes el examen forense de una niña de dos años, agredida por su padre. Además, Tirado calificó los hechos como falta, pero la Audiencia los consideró delito. Este juez condenó a Santiago del Valle, pero aduce que el pederasta siguió suelto porque una funcionaria se dio de baja. Es lo que pasa cuando los jueces tienen ordenadores de la señorita Pepis. De la misma marca debía ser el programa que utilizaba la juez de Motril Adelina Entrena, suspendida por el CGPJ en 2007, por haber dejado en prisión durante un año, dos meses y once días a un hombre que había sido declarado inocente.

No son hechos aislados. Por un azar, el ADN de una colilla, se descubrió que un inglés llamado Tony King había matado a la joven Rocío Wanninkhof en Mijas en 1999 y cuatro años después a una muchacha de Coín, Sonia Carabantes. Aquel hallazgo estableció que Dolores Vázquez no había asesinado a Wanninkhof, a pesar del empeño de la madre de Rocío, de la prensa amarilla, de unos investigadores de la Guardia Civil, del juez instructor y del jurado popular que la condenó. Algunos de esos daños se habrían evitado si Guardia Civil y Policía hubiesen compartido la base de datos. La Policía disponía de los antecedentes del británico en su país de origen por delitos similares, pero la Guardia Civil lo ignoraba.

Esa ceguera informática es contagiosa. El sujeto que mató a Mari Luz tenía dos condenas por abusos contra menores, una orden de alejamiento de una tercera, dos causas abiertas por fechorías análogas y tenía que personarse para quince días en un juzgado. Pero el juez que tenía que encarcelarlo fue incapaz de encontrarlo. Antonio Avendaño ha escrito en Público que si la banca te ficha por retrasarte en un plazo del televisor, entras en una lista de morosos y no puedes volver a comprar a crédito. En cambio, si eres un pederasta condenado por abusar de tu hija, puedes pasearte a tus anchas, salir en la televisión pidiendo una vivienda y matar a alguien. La administración de Justicia no es un juego de la señorita Pepis: si la Ley no se aplica, no existe la Justicia. No basta con ponerse duros cuando pasa algo.

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