UN inmigrante irregular que sea detenido en el Reino Unido puede estar retenido por las autoridades por tiempo indefinido, como en Suecia, en Dinamarca o en Holanda. En España, estará 40 días como máximo y desde el primer momento deberá ser un juez quien ordene su situación. En Italia, si prospera la última propuesta del Gobierno de Berlusconi, será juzgado por un tribunal penal que podría castigarlo hasta con cuatro años de prisión. Ante esta disparidad de procedimientos, hay que considerar como necesaria la propuesta de armonización que los embajadores de los Veintisiete países aprobaron el pasado jueves en Bruselas. Es necesario que una persona que entre de modo ilegal, pongamos por caso, por Algeciras encuentre las mismas dificultades tanto en España como en Francia si ése es su destino final. Eliminadas las fronteras interiores, sólo cabe un proceso que tienda a una política de inmigración común. La directiva pactada por los gobiernos, y que ahora debe ser refrendada, es vista como abusiva por organizaciones humanitarias e, incluso desde el punto de vista de España, a pesar de que el Gobierno la ha apoyado. De salir adelante, cualquier inmigrante podría ser detenido en la UE por un período de 6 a 18 meses. No será necesario que, desde un principio, un juez vigile la situación, sino que podrá encargarse la autoridad administrativa siempre que haya "una rápida revisión judicial" para la que no se fijan días. El Gobierno ha argumentado que esta directiva es un marco de máximos, por lo que mejorará el tratamiento legal a los sin papeles, evitará casos como el italiano y permitirá a otros Estados, como el nuestro, seguir con sus normas, aunque Interior ya ha anunciado que pasará de los 40 días máximo de retención a los 60. Siendo necesaria la armonización, es recomendable que en el Parlamento se humanice una directiva que sólo recomienda que en la "medida de lo posible" se dé a los menores un tratamiento adecuado a su edad.