La presencia ayer del rey Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces no fue un mero gesto protocolario, ya que concurrían dos aspectos que daban a este acto una significación muy especial: se desarrollaba en la Escuela Judicial de Barcelona -la ciudad que en los últimos tiempos ha sido el epicentro de un claro intento de derribo del Estado de Derecho español- y concentraba a buena parte de la cúpula de la Administración de Justicia española, que está siendo un pilar fundamental en la lucha contra el intento secesionista. Cuando don Felipe, Jefe del Estado, mostraba ayer su "confianza y apoyo" a los nuevos jueces que comienzan ahora su carrera no era una mera frase hecha, sino más bien un claro espaldarazo a la acción de los tribunales españoles. Más cuando esta acción ha sido puesta en cuestión, recientemente, con la negativa de la Justicia alemana de extraditar a España al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que sea juzgado por rebelión, como pretende el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quien, por cierto, estuvo presente en el acto y recibió el apoyo y la solidaridad de la mayoría de sus compañeros. Al Rey, cuyo discurso del pasado 3 de octubre fue determinante para frenar el golpe contra el Estado de Derecho, no le importó ayer volver a mostrar su decidido compromiso con unos jueces que, sin pararse a pensar en la idoneidad política, están intentado aplicar la ley de una forma justa y ecuánime, de ahí que en su muy aplaudida intervención recordase que "el juez que forma la escuela es el que se recoge expresamente en la Constitución: independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley". Es más, don Felipe hizo hincapié en que la Constitución garantiza la "independencia del Poder Judicial" y que éste se basa en "los valores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político". Tanto el Monarca como los jueces españoles han actuado como debían, algo que no siempre se puede decir del Ejecutivo popular, quién sí estaba obligado a buscar unas soluciones políticas que han brillado por su ausencia más allá de una desdibujada aplicación del artículo 155 de la Constitución. Con su pasividad, el Gobierno de Rajoy ha hecho que tengan que ser los jueces los que carguen casi en exclusiva con la lucha contra el procés, algo que nunca debería de haber sucedido y que puede pasar factura. Con su discurso de ayer, el Rey reconoce a la Justicia este servicio al país.