El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó ayer al ex presidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional y celebrar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, uno de los hechos políticos más graves ocurridos en España desde el inicio de la democracia. El mismo tribunal ha condenado a un año y nueve meses de inhabilitación a la ex vicepresidenta del Gobierno catalán Joana Ortega y a un año y seis meses a la ex consejera de Educación Irene Rigau, como cooperantes necesarias de este delito de desobediencia. Sin embargo, el TSJC ha absuelto a los tres del delito de prevaricación. Si tenemos en cuenta que el fiscal pedía para Mas diez años de inhabilitación (ocho por prevaricación y dos por desobediencia) y nueve años para Ortega y para Rigau, podemos concluir, sin que ello suponga enmendar la plana a la Justicia, que el tribunal catalán ha optado por un castigo leve o, como aseguró ayer el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, por una sentencia benévola.

Los jueces han dictado sentencia y lo mínimo que podemos hacer es respetarla. Pero eso no significa que no subrayemos una vez más la extrema gravedad política de los hechos que se juzgaban. La sentencia establece que Mas y las consejeras desobedecieron "consciente y deliberadamente" el mandato TC, ya que pese a conocer la suspensión cautelar de la consulta soberanista se mantuvieron activas la web institucional, la campaña de propaganda, el reparto masivo de correspondencia oficial, se repartió el material para la votación, se instalaron los programas informáticos y se acondicionó un centro de prensa para dar los resultados. Es decir, que los responsables de la Generalitat desobedecieron claramente al Alto Tribunal y sometieron al conjunto de España a uno de los momentos políticos más tensos su historia reciente. Con estas credenciales, no se puede quejar Artur Mas del rigor de la Justicia española.

Aunque no lo pretende, la sentencia del TSJC -unida a la deriva del caso Palau- supone prácticamente el fin de las pretensiones de Mas de postularse como candidato del Partido Demócrata de Cataluña. Sin embargo, el desafío permanece y el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dejó ayer claro que seguirá adelante con sus pretensiones de convocar un referéndum de independencia. Evidentemente, dos años de inhabilitación no deben imponer mucho respeto.