Extravagantes alternativas con los funcionarios

No es con iniciativas de este tipo como se combaten los clichés y falsos estereotipos contra los que tiene que luchar Andalucía

El Tribunal Constitucional anuló el pasado mes de diciembre el decreto de la Junta de Andalucía que reducía a 35 horas semanales el horario de trabajo de los 250.000 empleados públicos con que cuenta la comunidad, 2,5 menos que el resto de los funcionarios de España. La sentencia era suficientemente explícita al exponer las razones para deslegitimar la iniciativa. Considera que es al Estado a quien corresponde determinar el régimen jurídico de este personal y que la ley de Presupuestos, aprobada por el Gobierno central, "en ejercicio de su competencia exclusiva para dictar la legislación laboral", es la que determina el marco por el que se deben regir los trabajadores de la Administración de toda España. El Gobierno andaluz anunció, tras conocer el fallo, que acataría la resolución. Los hechos demuestran que más bien intenta burlarla. Por eso ha urdido una estratagema que finalmente se ha vuelto en su contra. La Junta, con el aplauso de los principales sindicatos, ha resuelto que las 90,5 horas anuales que se necesitan para completar la jornada exigida se sustancien con cursos de formación que pueden realizarse desde la casa. Entre el catálogo de las 113 acciones ofertadas figuran actividades tan extravagantes como clases para buscar en Google, de meditación o para implantar hábitos saludables en sus vidas, por citar tres de los ejemplos más significativos. Yerra por completo el Ejecutivo andaluz que además, con estas posturas, inflige un importante daño a la imagen que se traslada de Andalucía y de sus trabajadores públicos, y que se acerca a la que algunos dirigentes han introducido en el imaginario popular. No es precisamente lo más pertinente en la lucha contra los clichés y falsos estereotipos con los que se vincula a este territorio que ahora se traslade a la sociedad que el objetivo de los funcionarios andaluces es trabajar menos que el resto de sus compañeros y que, si no queda otro remedio, podrán justificar el desfase con horas de meditación en el hogar. El Constitucional no cuestiona que sea el momento o no, tras superar el periodo crítico de la crisis, de recuperar derechos anteriormente adquiridos, como el de las 37 horas. El Alto Tribunal dictamina, sencillamente, que la Junta no es la Administración competente para dar ese paso. No es de recibo, y el ejemplo son los episodios vividos en Cataluña, que, por una parte, se ensalce esta instancia como la principal garante de la integridad de un país y luego, cuando sus decisiones no agradan, se intente sortearlas, además de una forma bastante burda. El Gobierno andaluz debe aplicar la jornada laboral exigida. Con la plantilla actual, quizá tenga ante sí una gran oportunidad para mejorar los servicios que ahora presta a los ciudadanos.

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