Muy pocos precedentes, por no decir ninguno, tiene en casi cuatro décadas de democracia el comunicado hecho público el lunes por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en el que denuncia una situación de acoso continuado de Podemos hacia los periodistas que le son más críticos. Es un acoso que se plasma en algo que, siguiendo la terminología impuesta por esta formación, se podría calificar como escraches virtuales a través de las redes sociales y otros más directos mediante llamadas intimidatorias y amenazas. Vaya por delante que las presiones de las fuentes son el pan nuestro de cada día de la profesión periodística. De hecho, gobiernos, partidos, instituciones y grandes empresas mantienen eficaces y costosas maquinarias de comunicación con el principal objetivo de intentar que no salgan noticias negativas sobre sus actuaciones e inundar los medios con mensajes positivos. La habilidad de los periodistas y de los editores está en sortear esas presiones y hacer su trabajo en las condiciones de independencia que exige un sistema de libertades. El problema es, por tanto, el nivel de intimidación al que ha llegado el comportamiento de Podemos, con procedimientos sacados de los que son habituales en la Turquía de Erdogan, la Rusia de Vladimir Putin o la, todavía más querida para ellos, Venezuela de Maduro, por no hablar de los que se utilizaban en España durante el franquismo. Lo que se plantea en el comunicado de la APM es, ni más ni menos, un grave atentado a la libertad de expresión. Los métodos utilizados, que rozan los comportamientos mafiosos, exigían una respuesta contundente por lo que hay que aplaudir la actitud adoptada por la organización que agrupa a los periodistas que ejercen en la capital de España, aunque actuaciones de Podemos similares se han registrado también contra medios de otras comunidades españolas. Lo que se ha intentado por parte de la formación morada es coartar el derecho de los ciudadanos a recibir una información independiente. Es un hecho que no debe ser tratado a la ligera ni puede ser encuadrado en una pugna de opciones ideológicas. En España la libertad de expresión fue un logro que no nos fue regalado; fueron muchos los periodistas que tuvieron que luchar durante la dictadura para ir consiguiendo parcelas de independencia frente a un régimen opresor. Que cuatro décadas después una organización profesional de informadores haya tenido que hacer una denuncia como la que ahora se ha conocido no sólo habla del poco respeto por la libertad del partido político directamente implicado; también nos da datos de cómo se ha deteriorado la calidad de la democracia en nuestro país.