Respiro para la política sanitaria de la Junta

El Constitucional avala las subastas de medicamentos, con las que la Administración andaluza ha ahorrado más de 413 millones

Tras años de batalla judicial entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, el Tribunal Constitucional ha decidido, por fin, avalar las subastas de medicamentos, un sistema de compra de estos productos sanitarios que desde su puesta en marcha en 2012 ha supuesto el ahorro para el sistema de salud de nuestra comunidad autónoma de más de 413 millones de euros. Con estos datos, es evidente que en el prolongado combate entre las dos administraciones no han primado las razones económicas, ya que sus ventajas eran indiscutibles, y sí la desconfianza del Ejecutivo central, que estaba convencido de que la Junta de Andalucía estaba invadiendo sus competencias. Además, y aunque esto nunca lo confesará ninguna de las dos partes, ha pesado mucho el antagonismo político de los dos ejecutivos. Desgraciadamente, la lucha entre el PP y el PSOE no siempre tiene en cuenta los intereses de los ciudadanos ni de las arcas públicas. A la espera de conocer el contenido específico de la sentencia del Tribunal Constitucional -hasta ahora sólo tenemos el anuncio realizado por la presidenta andaluza, Susana Díaz, en una red social-, podemos decir que la misma supone todo un respiro para la política sanitaria de la Junta de Andalucía, que últimamente ha estado puesta en cuestión por las grandes movilizaciones sociales contra las fusiones hospitalarias. El pasado jueves, la misma Susana Díaz, muy preocupada por el enrarecimiento del sector sanitario andaluz, que ella considera como "la joya de la corona", tuvo que garantizar en el Pleno del Parlamento andaluz que dichos procesos de fusión están ahora mismo paralizados. Con la sentencia del Tribunal Constitucional se pone fin a un conflicto largo y caro que tuvo su punto álgido durante la época en la que Ana Matos estuvo al frente del Ministerio de Sanidad y que ha generado más de cincuenta iniciativas judiciales por parte del Ejecutivo de la nación. Sería absurdo tener que regresar a un sistema de compra de medicamentos sensiblemente más caro, sobre todo en unos momentos en los que se les exige a todas las comunidades autónomas que contengan el gasto público. De hecho, lo que tendría que hacer el Gobierno central -como alguna vez llegó incluso a plantearse- es intentar extender este modelo a otros territorios de España. Seguro que el bolsillo de los contribuyentes lo agradecerá.

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