El TC avala las subvenciones a la segregada

Haría bien la Junta de Andalucía en centrar sus esfuerzos en la calidad de la enseñanza y no en imponer su modelo

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado las subvenciones con dinero público a la educación diferenciada, acabando así con una larga polémica que ha dividido a la comunidad educativa y a la clase política española. La decisión del TC implica que aquellos colegios concertados que segregan por sexo podrán seguir recibiendo dinero público en contra del que había sido hasta ahora el criterio de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que recibe un duro varapalo con este fallo que desestima un recurso del PSOE contra varios puntos de la Lomce (la polémicaley Wert).

Antes que nada hay que dejar claro que estamos ante un problema de dimensiones muy reducidas cuyo eco mediático supera con creces su peso real. En total, en Andalucía apenas hay nueve colegios concertados que segregan por sexo (en España son unos cien), una cantidad evidentemente irrisoria. ¿Por qué, sin embargo, se ha creado este revuelo de titulares y declaraciones políticas? Porque estamos ante un debate de corte ideológico que, además, se enmarca en un histórico enfrentamiento entre los que pretenden eliminar en lo posible la presencia de la Iglesia católica en la educación sufragada con dinero público y los que, por su parte, exigen el derecho a que sus hijos se eduquen bajo esta institución de enorme arraigo social en España. Aunque la inmensa mayoría de los centros religiosos son hoy en día mixtos, no es ninguna casualidad que los nueve colegios concertados andaluces que segregan por sexo pertenezcan a dos entidades que forman parte de la Iglesia católica: el Opus Dei y las Hermanas de la Cruz.

Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo por sacar el debate de estos parámetros ideológicos, como ha hecho el Tribunal Constitucional, para garantizar algo tan deseable como es el derecho de los padres a elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos siempre que éste respete nuestro ordenamiento jurídico. Hay teorías pedagógicas que avalan tanto el modelo segregado como el mixto, y no siempre se acomodan al simplista esquema progresista-conservador. Por lo tanto, lo que debe controlar la Administración es que el modelo segregado no se utilice como una excusa para fomentar la discriminación por sexos, algo que en absoluto se está haciendo en los colegios de educación diferenciada. Este modelo -muy minoritario, como ya hemos dicho- es completamente voluntario, y no se entiende, por tanto, el empeño que ha tomado la Junta de Andalucía en intentar excluirlo de las subvenciones de dinero público. Haría bien la Administración autonómica en centrar sus esfuerzos en garantizar la calidad de la enseñanza y no en imponer su modelo.

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