Los catalanes celebran hoy su festividad más divididos que nunca, hace tiempo que el Gobierno de la Generalitat decidió tomar partido por la independencia, a pesar de que este debate ha abierto una grieta muy grave en la sociedad. Basta recordar que los partidos independentistas no alcanzaron la mayoría de los votos en las pasadas elecciones autonómicas. Hace 40 años, en 1977, se celebró la primera Diada tras la muerte de Franco. La recuperación de las instituciones autonómicas era el sentir mayoritario de los catalanes, una aspiración que, además, era apoyada por el resto del país. Tarradellas volvió de su exilio francés y la Generalitat se reinstauró gracias a un acuerdo con el Gobierno de la UCD. Y así vinieron transcurriendo los días de esta festividad hasta que Convergència, partido mayoritario en Cataluña, rompió con el consenso del 78 para entregarse a una devoradora vía soberanista, después del revés del Estatut en el Constitucional y como consecuencia de una crisis económica que Artur Mas no supo conllevar.

Desde 2012 la manifestación de la Diada es independentista, pero el presidente de la Generalitat siempre se abstuvo de participar. No ocurrirá hoy con Carles Puigdemont, quien el pasado fin de semana se encargó de hacer una distinción entre catalanes que apoyan el referéndum de independencia y quienes no. Cataluña está dividida, buena parte de los alcaldes de las principales poblaciones no apoya la consulta y a Puigdemont no se le ha ocurrido otra cosa que alentar la coacción contra ellos.

La quiebra es más grave aún en algunos partidos de la izquierda, como es el caso de Podemos y su marca en Cataluña. Mientras el líder en la comunidad, Albano Dante Fachin, participará en la concentración independentista, Pablo Iglesias y la alcaldesa Ada Colau estarán en otra celebración: la quiebra es total. Hasta ahora, la alcaldesa de Barcelona ha explicado que no facilitará los colegios para el 1-O mientras no tenga garantías de su legalidad, lo que es imposible, puesto que el referéndum se quiere hacer en contra de la Constitución y el propio Estatuto. Los independentistas intentarán legitimar hoy su deriva con la fuerza que demuestren en la calle. Pero ni las concentraciones ni su mayoría exigua en el Parlamento validan las tropelías cometidas en los días pasados, cuando los separatistas han mostrado su desprecio por la legalidad democrática. Antes de eso, el Gobierno central y los alcaldes que defienden la legalidad merecen el mismo apoyo que la Generalitat recibió hace 40 años.