El envés del 'cuponazo'

La financiación autonómica no se negocia porque el PNV no cumple con lo pactado y porque no hay 'Govern' ni se le espera

No sólo es paradójico, es un agravio para la mayor parte de las comunidades autónomas, además de una muestra de improvisación. Como se conoce, el Gobierno de Mariano Rajoy pactó con el PNV la renovación del concierto fiscal vasco y una mejora del Cupo, que muchos han calificado de extraordinaria. Otros, directamente como el cuponazo, por cuanto la comunidad vasca pagará menos al Estado cada año en virtud de una serie de actualizaciones. El precio del cuponazo era la aprobación de los Presupuestos Generales de 2018, a la que también se iba a sumar Ciudadanos. Pero como el PNV quiere seguir manteniendo su solidaridad con los hermanos secesionistas catalanes, se niega de momento a aprobar los Presupuestos. Al menos, hasta que la situación se aclare un poco más y pueda desactivarse el artículo 155. Pues bien, como consecuencia de esta paralización de las cuentas, el ministro Montoro ha comunicado al resto de comunidades, las de régimen general, que recorta momentáneamente en 4.230 millones de euros las entregas a cuenta para este año. En el caso de la Junta de Andalucía, son 805,5 millones, toda la mejora que se iba a producir en 2018 respecto al ejercicio anterior. Es decir, que Montoro prefiere presionar a las comunidades con las que no ha pactado antes que a la beneficiada. Es extraordinario. Después se quejarán en los gobiernos vasco y central por las protestas ante el agravio que supone la financiación foral. Pero además, Montoro se ha tomado su tiempo; no fue hasta el martes pasado cuando comunicó a las comunidades el recorte. O es un modo de presión, inútil e injusto por cuanto es el PNV el que debe responder, o se trata de un ajuste de última hora. No tiene razón Montoro, pero además está sobreactuando; más grave es que vincule la negociación de la financiación a la negociación del Presupuesto de 2018. El nuevo sistema, de ser aprobado, no tiene por qué entrar en vigor a lo largo de 2018, sería en 2019 o 2020. Se trata de una excusa más para no comenzar la negociación con las comunidades. Se entiende que el conflicto catalán los condiciona, que es necesaria la participación de la Generalitat, pero cada comunidad debe cargar con su responsabilidad. Lo que no puede ocurrir es que el resto de los españoles sigan con una financiación desfasada porque el Gobierno vasco no ejecuta lo que se comprometió y porque el catalán ni está -es el central, en cualquier caso- ni se le espera, porque nada indica que haya un Govern en los próximos meses. Este asunto no admite más demoras: habrá que negociar el nuevo sistema y Madrid tendrá que liberar los fondos autonómicos retenidos de modo coyuntural.

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