La verdad oculta

Desmontada por la acción de sus mismos promotores, la batería de mentiras que fijaron los instigadores del proceso independentista catalán, puede considerarse como destruída. Desde el "España nos roba", hasta la brutal acción represiva del Gobierno español o el aplastamiento inmisericorde de la autonomía de Cataluña, junto a la desaparición de las libertades democráticas por su choque con la realidad de los hechos posteriores a la aplicación suave por el Gobierno del artículo 155 de la Constitución, que ha llevado a que la totalidad de los partidos políticos del ambito catalán participen en las elecciones autonómicas, convocadas en el marco Constitucional por Rajoy y que el mismo Puigdemont reconoce que hay otros caminos o soluciones para el problema catalán distintos a la declaración unilateral de la independencia para la que ellos mismos ahora creen que no han estado preparados, marca la deriva en la que este país se ha visto envuelto.

Sin embargo, me atrevo a considerar que quizá la más importante de las pretendidas reivindicaciones de los independentistas, ha pasado prácticamente desapercibida. ¿Cúal era esa reivindicación? A mi entender era la consecución de una amnistía para todos los implicados en el "Procés". Repasando los antecedentes, nos encontramos que la citada amnistía, junto con una pretendida vinculación del Poder Judicial al nuevo ejecutivo catalán, estaba incluída en la ilegal Ley de Transitoriedad, tumbada por el Tribunal Constitucional.

Esta pretensión que, en la práctica supone la destrucción del principio democrático de separación de poderes, fue también una de las "garantías" exigidas por Puigdemont para la no declaración de independencia el mismo día en que medio parlamento finalmente la aprobó, al no aceptarse por el Gobierno semejante disparate. Ello originó, junto con las presiones de la CUP, la declaración de la virtual República Catalana. ¿Era sólo una amnistía política?

En mi opinión, considero que el objetivo de la amnistía era mucho más amplio. No debemos olvidar que después de largos años en los que la actuación judicial ha estado prácticamente estancada y, curiosamente en el caso de la familia Pujol, desde el patriarca hasta el último de sus vástagos, están siendo favorecidos por una inexplicable falta de las más elementales medidas cautelares que hubieran imposibilitado el manejo fraudulento de capitales que, presumiblemente, tuvieron lugar en los inicios de los respectivos procedimientos judiciales. Contrasta esta realidad con la celeridad y difusión pública que han tenido otros procedimientos en los que están, o estuvieron, otros destacados políticos, algunos de los cuales han superado el periodo inicial de prisión provisional, que son dos años prorrogables por otros dos. ¿A qué se debe este trato, ciertamente preferencial que rodea a toda la familia Pujol ? No se quiebren la cabeza, pues ya el propios patriarca, al inicio público de las actuaciones, creo que en una comparecencia ante el Parlamento catalán, advirtió que si se siguen cortando ramas al árbol,acabará cayéndose.

Las prisas, aparentemente poco justificadas en sus resultados del señor Puigdemont y su antecesor, el obediente, Arturo Más, las entiendo motivadas por la inminencia del final de las actuaciones judiciales en que están inmersos los miembros del "clanPujol y sus adláteres". Pues cada vez resulta más difícil relentizar la actuación de la Justicia, a pesar de los múltiples intentos que han tenido lugar, a lo que se añade la inesperada conexión de algún "testaferro" del clan, dentro de los afectados por los "papeles de Panamá y del Paríso" que, de manera súbita han irrumpido en la "aparente tranquilidad" de los procesos judiciales que afectan al clan. De ahí, la necesidad, de creación de una justicia y unos tribunales propios, subordinados al ideal independentista, que pudieran dar carpetazo a algunos asuntos judiciales, no solo a los meramente políticos, sino también a aquellos basados en presumibles delitos económicos. Como última "bala" que pensaban utilizar, el Gobierno de la supuesta nueva República, era que aquel Gobierno conservara la facultad del indulto, que la gran mayoría de los ciudadanos, consideramos no aplicable para los llamados delitos económicos, fundamentalmente odiosos en cuanto que afectan a nuestros bolsillos y que, junto al cumplimiento de la pena que les sea impuesta a sus autores, ha de contener una expresa mención a la necesaria devolución del dinero estafado. Esta es la verdad oculta, motivadora de la aceleración del proceso independentista, justificativa de la actuación de los dirigentes, utilizando el sentimiento de su pueblo