El alcalde acata la inhabilitación por ocultar información

  • Hernández dejará la vara de mando en los próximos días para poder presentarse a las elecciones

El alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), anunció ayer que no recurrirá la sentencia que le inhabilita por un año para empleo o cargo público y ha indicado que será su grupo quien decida "con toda libertad" quién va a ser la persona que le va a sustituir al frente de la corporación local.

Según ha podido saber este periódico, el próximo en la lista de GICAR que sustituiría a Hernández es Juan Pedro Carmona. Si acepta el acta de concejal, se negociará con el PP, actual socio de gobierno de GICAR (tienen 5 ediles y el PP 2 frente a los 6 del PSOE), quién de los independientes ostentará la vara de mando hasta el final de la legislatura. Una elección que se producirá en los próximos días y se elevará a pleno para su formalización.

"Voy a hacer lo que considero mejor para los ciudadanos de Carboneras después de un proceso judicial que creo que ha sido desafortunado tanto para el pueblo, para mi familia y para mí, y por tanto, no voy a recurrir la sentencia porque, a pesar de haber actuado siempre de buena fe, no quiero enturbiar más el clima político de Carboneras", ha trasladado.

Hernández ha expresado su respeto por el fallo de la Audiencia Provincial de Almería que estima parcialmente su recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 que le impuso tres años de inhabilitación por negar información a la oposición y ha remarcado que la Sección Tercera considera que esta "fue desproporcionada y, llegado el caso, podría generar nulidad".

"En todo caso, no hablamos de prevaricación, falsedad documental o delitos de este cariz, por lo que tengo la conciencia bien tranquila. Se trata del derecho a la información de la oposición, una cuestión que puede y debería, en mi opinión, debatirse, discutirse y solventarse en el ámbito estrictamente político por que la excesiva judicialización de la vida política resulta perjudicial para todos", ha asegurado.

El regidor carbonero ha manifestado, asimismo, su voluntad de concurrir a la reelección en las próximas elecciones municipales de 2019 "siempre que tenga el apoyo de mis compañeros" y ha asegurado, "con toda humildad", que ser alcalde "me ha enseñado que la acción política, a nivel municipal, si puede mejorar la vida de los ciudadanos". "Por esta razón me gustaría intentarlo de nuevo", ha apuntillado.

Con respecto al PSOE, cuya denuncia dio lugar al proceso penal que se ha sustanciado ya en firme, ha afirmado que el grupo "ha actuado como ha considerado oportuno en función de sus intereses políticos y electorales".

"Me cuesta pensar que sea imposible, y mucho menos en un pueblo como Carboneras donde todos nos conocemos, que no podamos encontrar fórmulas para arbitrar los legítimos desacuerdos políticos sin llegar a los tribunales. Ahora bien, también reconozco que soy una persona con un carácter un tanto impulsivo y vehemente que puede molestar o fastidiar a la oposición", ha dicho.

La Audiencia Provincial de Almería anunció ayer que rebajaba a un año la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público impuesta al alcalde por denegar información a la oposición ejercida por el PSOE.

El tribunal de la Sección Tercera estima parcialmente en su sentencia, el recurso de apelación de la defensa del regidor contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 que le condenó a tres años de inhabilitación y le impone la pena que solicitó de forma subsidiaria al considerar que, tal y como alega en su impugnación, la primera fue "desproporcionada".

El juzgado de lo Penal 1 indicó como probado que Hernández no entregó "la documentación solicitada en innumerables peticiones, por lo menos, hasta 26," por parte del portavoz socialista José Luis Amérigo y que impidió "de forma deliberada y constante" la labor de oposición de Amérigo (PSOE) "al menos desde el 5 de septiembre de 2011 hasta el 10 de junio de 2014".

Añade que lo hizo notificándole las actas de las juntas de gobierno "de forma habitual en plazo superior a dos meses, en lugar del plazo legal de 10 días" y que, por tanto, su actitud "pasiva entorpeció" la transparencia de la gestión pública del Ayuntamiento que preside. Al tiempo, señaló como "evidente" que había cometido un delito de atentado contra los derechos cívicos ya que dichos expedientes "pudieron ser entregados de forma inmediata y no lo fueron por orden del acusado.

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