El pasado 1 de marzo el Juzgado de Instrucción 2 de El Ejido acordó que fuese a juicio el alcalde del municipio, Francisco Góngora (PP), al estimar que existen indicios razonables de que pudo incurrir en delito en la compraventa de una finca rústica que luego se recalificó a urbanizable y en la que participó una sociedad formada por el regidor, su hermano, su padre y un cuarto socio. En aquel momento le dio 10 días a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que formulasen sus escritos de acusación y defensa.

Ahora, el Ministerio Público ha tomado el testigo y acusa al regidor ejidense de un delito contra la Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad en documento público por los que interesa penas de cuatro años de prisión y una multa de 1,2 millones de euros, las mismas el padre y el hermano de Góngora, G.G.P. y J.G.G.C., y el socio de éstos, S.L.P., así como el administrador de una segunda mercantil, Murgi Edificaciones SL, A.G.M., según consta en el escrito de calificación provisional consultado por Europa Press.

Los suelos fueron comprados por más de 1,5 millones pero se declaró la mitad

El fiscal indica que el regidor, su hermano, su padre y un cuatro socio constituyeron la sociedad Agrícola Euro Alpujarra SL en junio del 2000 al objeto de adquirir una finca pública ubicada en el paraje Loma de los Hornillos, que se formalizó en julio de ese mismo año por 300.506,05 euros y se financió con un préstamo hipotecario sobre 32.627 metros cuadrados de 450.759,08 euros. En abril de 2004, el pleno del Ayuntamiento ejidense aprobó el PGOU por el que la citada finca se calificaba, en una parte, como suelo urbanizable y el resto como no urbanizable. El fiscal recoge que, en ese mismo mes, el regidor, su hermano, su padre y el socio de los tres firmaron a través de su sociedad un contrato privado con la mercantil Murgi Edificaciones SL en virtud del cual se trasmitían a esta 32.000 metros cuadrados de la finca, en concreto la parte urbanizable, "acordando un precio de 48,08 metros cuadrados, fijándose un precio total de 1.538.560 euros y estipulándose que la vendedora recibiría 588.322,50, otros 180.000 euros en julio, 400.000 euros en octubre y, el resto, 370.237,50 euros en mayo de 2005, abonándose no obstante, únicamente, la cantidad de 400.000 euros en el mes de noviembre".

El escrito remarca que, sin embargo, que los cuatro, actuando de común acuerdo "y con el ánimo de causar un perjuicio a la Hacienda Pública", alteraron presuntamente "la base imponible del impuesto de sociedad que gravaba la indicada operación de compraventa" en la escritura pública otorgada en agosto de 2007 sobre la compraventa realizada en 2004 y consignaron en la cláusula segunda que habían recibido por parte de los vendedores 400.000 euros abonados en el mes de noviembre de 2004. "Con ánimo falsario en vez de fijar el precio en 1.538.560 euros, consignaron el precio en 791.648,30 euros más IVA del 16% por importe de 126.663, 73 euros, lo que supone un total de 918.312,03 euros, fijando que el resto del precio que se expresaba en la indicada escritura pública se abonaría mediante un cheque de 276.613,82 euros y otro cheque de 177.698,21 euros entregados en el momento de otorgar la escritura". El mismo día en que se otorgó la escritura pública, J.G.G.C., actuando de "común acuerdo con el resto de socios" en la mercantil Agrícola Euro Alpujarra SL, "con igual ánimo falsario y de causar un perjuicio a la Hacienda Pública" según el Ministerio Público, otorgó escritura pública de compraventa de dos locales comerciales de 120 y 118 metros cuadrados a la propia Murgi Edificaciones SL por el precio alzado de 174.453,76 euros que "los vendedores confiesan haber recibido mediante cheque entregado en el momento de otorgar la escritura cuando realmente no se abonó cantidad alguna".

La operación de compraventa de la finca fue realizada en 2004 y la causa seguida en los tribunales tiene su origen en una denuncia del PAL efectuada en 2010. Tras conocer que había sido procesado, Góngora rechazó dimitir y reiteró que la causa "no tiene nada que ver" con su "gestión pública presente o pasada". "Creo que nadie ha dicho en ningún partido que tenga alguien que dimitir por algo que no tenga que ver con la gestión pública", insistió, a la vez que ha señaló que la causa tuvo su origen en una denuncia en 2010 de otro partido, el PAL, y ha asegurado que "se han ido demostrando muchas falsedades en el camino". Sostuvo entonces que "lo único" que se plantea es llegar al "fondo de esta cuestión" y que se determine con "arreglo al estado de derecho y a la legalidad" si existe alguna irregularidad o delito. Góngora aseguró que se trata de una "situación desagradable" y lamentó que "por ser socio de una sociedad y por una presunta irregularidad fiscal" se haya llegado a este punto, si bien reiteró que su actitud ha sido la de "colaborar y aportar información a todos los niveles para que este tema se aclare" manteniendo el planteamiento de que "cuándo se considera consumada una compraventa" es "una cuestión civil".