La Junta de Andalucía descartó ejercer el derecho de tanteo o retracto sobre el Castillo de San Ramón en la playa de Rodaquilar, ya que, desde 2009, la política de la Consejería de Cultura es la de "no adquirir" ningún inmueble si bien mantiene "contactos" con la comunidad de propietarios que se hizo con la propiedad en enero de 2016 para hacer que se cumpla con las obligaciones estipuladas en la Ley de Patrimonio ya que está catalogado como BIC.

"La decisión de no adquirir ningún inmueble se toma en plena crisis económica y en un escenario de contención del gasto público en el que se opta por mantener la protección sobre los inmuebles que ya son de su propiedad e instar a propietarios a que cumplan con la normativa", ha trasladado el delegado territorial del ramo, Alfredo Valdivia, quien ha precisado que el desembolso se habría elevado a 643.187 euros, "el 70% de su precio de tasación".

La delegación de Cultura asegura que hará valer la ley de Patrimonio

Valdivia, quien se ha preguntado por qué otras administraciones con competencia "no ejercieron ese derecho y adquirieron el BIC", ha señalado que, desde su departamento, se está "obviamente en contacto" con la comunidad de propietarios y "dando los pasos preceptivos" para que se cumpla con la Ley de Patrimonio en lo que se refiere a la apertura al público para visitas y conservación y mantenimiento.

Ha admitido que se han producido "reiteradas peticiones" a la citada comunidad para que establezcan un calendario de visitas y ha señalado que espera que "lógicamente no haya que ir a la vía judicial". "Espero que podamos llegar a un entendimiento al igual que con otros propietarios, ya que se trata de una norma general de obligado cumplimiento", ha apuntillado. Valdivia ha indicado que se ha ofrecido, asimismo, "asesoramiento técnico" en aras de una "adecuada" conservación del castillo. "En ese camino estamos, en el del dialogo y el entendimiento", ha concluido.

Las asociaciones Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y Amigos de la Alcazaba reclamaron hace días a la Junta de Andalucía que explicase porqué no había ejercido el derecho de retracto sobre el Castillo de San Ramón ya que, a su juicio, el Gobierno andaluz ha "dejado pasar" una "buena oportunidad" para adquirir el inmueble y "darle un uso cultural adecuado".

La reclamación llegó después de que la Consejería de Cultura haya admitido en un escrito dirigido al primer colectivo que la transmisión realizada del Castillo de San Ramón de Rodalquilar a los efectos de derechos de tanteo y retracto "sí" fue "comunicada" tanto al propio departamento como a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

En el escrito, la Junta señaló que en una visita técnica cursada en junio de 2016 para comprobar su estado de conservación se constató la necesidad de realizar acciones de restauración "básica" como consolidación de reposiciones, restauración de mampostería, ladrillos, suelos empedrados e impermeabilización de la azotea.

Reveló, asimismo, que la comunidad de propietarios con la titularidad del castillo había solicitado la "dispensa total" de la obligación que tienen por ley de permitir la visita pública gratuita, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados, constatando esta información de manera accesible y pública a los ciudadanos en lugar adecuado del BIC.

Alegaron "las dificultades" para cumplir con la ley pese a lo que el Gobierno andaluz, según consta en el escrito, no ha aceptado esa "dispensa total" y "sigue insistiendo para que nos comuniquen los cuatro días, mínimos, que abrirán al público y el horario".