Una jueza federal de la ciudad de Houston, en Texas, en el sur de EEUU, paralizó dos ejecuciones inminentes, una de ellas de un ciudadano mexicano, y reclamó más información sobre el compuesto químico que se usa en la inyección letal que se utiliza. La orden judicial de Vanessa Gilmore bloquea la ejecución este jueves del preso Tommy Lynn Sells y también la de Ramiro Hernández Llanas, de nacionalidad mexicana, prevista para el miércoles que viene, según el texto del tribunal federal. 

De este modo, el estado de Texas deberá acabar con el secreto sobre la procedencia de las sustancias usadas en las inyecciones letales y revelar el nombre de los proveedores. Los dos condenados a muerte deben tener, según Gilmore, "pleno conocimiento del producto con el que Texas causará su muerte" para poder hacer uso de la información sobre el dolor que podrían sufrir y abrir así una posible acción judicial. Para la jueza, no tener detalles sobre los componentes químicos que se usarán viola los derechos constitucionales de los dos presos. 

El Departamento de Justicia Penal de Texas obtuvo hace dos semanas una nueva provisión del fármaco pentorbital, un sedante, y alegó razones de seguridad para no hacer público el proveedor de la sustancia ni otros detalles sobre el componente. 

La posible ejecución de Hernández Llanas, de 44 años, abría de nuevo la tensión internacional porque el estado de Texas iba ignorar de nuevo la resolución de la Corte Internacional de Justicia, el llamado Fallo Avena, que en 2004 ordenó la revisión de 50 casos de mexicanos condenados a la pena de muerte. A estos mexicanos en Estados Unidos no se les habría respetado su derecho a la notificación y asistencia consular.