La futura Ley de Aguas andaluza, que se debate actualmente en el Parlamento, se ha fijado, entre otros compromisos, la tarea de culminar el mapa de infraestructuras de depuración de toda Andalucía. Es un compromiso firme con un plazo definido y ya se están estudiando cifras y necesidades concretas a las que dar respuesta con el fin de que todos los municipios andaluces depuren sus aguas residuales y las devuelvan al medio natural en las mejores condiciones de calidad posibles.

Concretamente, la Ley marca un plazo de dos meses para tener elaborado un plan de infraestructuras para la consecución de los objetivos dados por la Directiva Marco del Agua (DMA), cuya finalidad es conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua de todos los estados miembros. De forma global, las grandes aglomeraciones urbanas andaluzas depuran correctamente sus aguas. Así se puso de manifiesto en el exhaustivo diagnóstico elaborado en el Acuerdo Andaluz por el Agua, en el que quedó reflejada la situación actual del Ciclo Integral del Agua en Andalucía, y hacia dónde debía dirigir sus pasos la Administración hidráulica.

En las últimas décadas, las administraciones han hecho un importante esfuerzo para dotar a Andalucía de un parque de depuradoras en toda la región. La comunidad autónoma ha pasado de tener un porcentaje de población con infraestructuras de depuración del 28% en 1992, a más de un 85% en la actualidad. Sin embargo, ahora toca poner énfasis en el ámbito rural, cuyas consecuencias afectan principalmente a la cabecera de los ríos y a los pequeños afluentes fluviales.

En estas pequeñas localidades con poca experiencia gestora en materia de aguas y normalmente con unos precios de los servicios muy bajos, existen todavía deficiencias que hay que subsanar. No sólo como un compromiso de la Junta de Andalucía, sino también para dar cumplimiento a los umbrales dados por Europa fijados para el año 2015. Y es que éste tampoco es un problema exclusivo de Andalucía, sino de España y, en líneas generales, de todos los países europeos.

normativa

La Ley de Aguas contempla un plan de infraestructuras para completar el parque de instalaciones necesarias en estos núcleos del medio rural.

En este sentido, el programa deberá reflejar toda la problemática en torno a las aguas residuales urbanas, el control de los vertidos industriales y de la contaminación difusa provocada por un uso inadecuado de fertilizantes.

Estas infraestructuras también necesitarán de unos mecanismos que garanticen su operación y mantenimiento a unos costes asumibles por la ciudadanía. De ahí que en la Ley, entre otras medidas, se haya creado un canon finalista específico para su reinversión directa en infraestructuras de depuración. Esta nueva figura tributaria modifica el actual canon de mejora, que ya se cobra a millones de ciudadanos, y que, gracias a la futura Ley, se homogeneizará para que todos los andaluces paguen de forma equitativa por un mismo servicio de calidad.

Se trata de un nuevo canon que da cumplimiento al principio de recuperación de costes de obligado cumplimiento por la normativa europea y que conseguirá normalizar el servicio del ciclo integral del agua en toda Andalucía, sea cual sea el municipio en el que se pueda prestar.

Pero dicho canon no será la única forma de financiación del plan de infraestructuras de depuración, cuya inversión necesaria rondaría los 1.500 millones de euros. También se contaría con la financiación público-privada y la inversión prevista en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, aún por concretar.

Todo ello serviría para construir unas 300 depuradoras que generarán un empleo en torno a los 24.000 puestos de trabajo que ayudarán a reactivar la economía.