La Comisión Europea (CE) ha amenazado a España con emprender acciones legales por el incumplimiento de las normas comunitarias de tratamiento de las aguas residuales en más de 400 pueblos y ciudades, y por el proyecto de explotar una mina de carbón en un espacio protegidos por Natura 2000 en Castilla y León.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha instado a España a tomar "medidas inmediatas" para aplicar correctamente la legislación medioambiental europea y "proteger la valiosa y rica biodiversidad" del país, según un comunicado de la CE.

Si España no responde satisfactoriamente a los requerimientos en un plazo de dos meses, la Comisión puede decidir llevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el caso de los vertidos, el comisario se ha declarado "muy preocupado" porque "en un estado miembro donde el agua es un recurso valioso y escaso, un alto número de pueblos y ciudades vierten aguas residuales, que no han sido correctamente tratadas, en ríos y mares, incluso en áreas sensibles".

El Ejecutivo comunitario se refiere a dos casos paralelos que conciernen a la directiva de Tratamiento de Aguas Residuales de 1991.

En el primero, la Comisión Europea entiende que 343 pueblos y ciudades españolas arrojan aguas residuales sin un tratamiento adecuado en áreas sensibles o potencialmente sensibles.

Según la CE, incumplen la directiva que establece que desde 1998 las poblaciones de más de 10.000 habitantes que viertan aguas en zonas sensibles deben contar con un sistema de tratamiento con los más altos estándares de calidad, conocido como "tratamiento terciario".

Un informe de la Comisión también confirma que seis áreas potencialmente sensibles siguen sin ser designadas como tales, y que una zona calificada como "menos sensible" en Cantabria no cumple con los requerimientos de la directiva.

El segundo caso se refiere a la falta de cumplimiento de la directiva en 59 pueblos y ciudades de más de 15.000 habitantes, que precisaban sistemas adecuados de tratamiento de las aguas para finales del año 2000.

La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Marta Morén, aseguró ayer que los datos sobre aguas residuales en los que se basa el expediente de la CE contra España por tratamiento inadecuado de aguas residuales no están actualizados, al tiempo que resaltó que se están haciendo todos los esfuerzos.

Morén recalcó que las cifras barajadas por Bruselas se refieren al año 2006 y que a finales de este ejercicio se podrán remitir los nuevos datos. En todo caso, insistió en que el Ejecutivo está negociando protocolos de actuación con las comunidades para la depuración de estas aguas y que espera que los primeros convenios vean la luz antes de que finalice 2008. "Con la actualización que estamos llevando a cabo probablemente estos datos mejorarán muchísimo", dijo.

Además, subrayó que el Plan Nacional de Calidad de las Aguas Saneamiento y Depuración de las Aguas 2007-2015 cuenta con una inversión de 19.000 millones de euros. Según Morén, esta cantidad, "en un momento de restricciones financieras", demuestra "la prioridad" que representa para el ministerio el cumplimiento de la directiva comunitaria.