La Unión de Consumidores de Andalucía (UCE-Andalucía) ha exigido a las administraciones con competencias en materia de consumo que adopten medidas para la regulación de la venta de videojuegos, con el fin de evitar que los menores accedan a productos de este tipo que tengan un contenido violento.

El vicepresidente de UCE-Andalucía, Miguel Ángel Ruiz, ha informado este lunes a Efe de que dicha exigencia se produce tras conocer los resultados de un estudio elaborado por la organización en el que se han analizado 154 videojuegos del mercado, el 35 por ciento de los cuales presenta una temática violenta y no se reservan explícitamente para mayores de 18 años.

"Los mayores de edad sabrán si compran estos juegos o no, pero nos preocupa que niños y jóvenes accedan a videojuegos cuyo tema central son los asesinatos o las guerras", ha manifestado Ruiz.

El vicepresidente de UCE-Andalucía ha aseverado que muchos de estos juegos contienen, bien en su título o en algún lugar de la carátula, expresiones como "combate", "crimen", "guerra", "cazador" o "batalla".

Asimismo, ha sostenido que según el estudio el 26 por ciento de los juegos analizados presentan en su portada algún tipo de arma, principalmente de fuego.

Aunque muchos de los videojuegos disponibles en el mercado están relacionados con el deporte y no tienen explícitamente contenido violento, también ha advertido de que, en los casos de aquellos sobre carreras de coches, existe el riesgo de que se incite a conducir saltándose las normas de seguridad vial.

Respecto a la diferencia entre plataformas de juego, ha dado el "suspenso" para todas, ya que "tanto móviles, como ordenadores como videoconsolas presentan más o menos el mismo porcentaje de juegos negativos".

Sin embargo, el informe indica que aproximadamente un 30 por ciento de los videojuegos trasmiten valores "positivos" al menor que los utiliza.

"Como organización no nos posicionamos en contra de los videojuegos", ha expresado el vicepresidente de la organización en la comunidad, quien ha pedido a los padres que, para esta campaña de Navidad, primen en sus compras juegos de carácter educativo frente a aquellos otros de contenido violento.

A pesar de los datos del informe Ruiz, ha valorado que el porcentaje de juegos negativos es menor que el detectado en el estudio que la organización realizó hace tres años, en el que se advertía de que un 47 por ciento de estos productos eran violentos.

"Aunque hayamos mejorado queremos que este porcentaje el año que viene sea del cero por ciento", ha recalcado, y ha confiado en que "dentro de poco" exista una regulación específica sobre esta cuestión en Andalucía.

En España existe un sistema de autocontrol por parte de las empresas de videojuegos denominado Código de Información Paneuropea del Juego (PEGI), en el que se clasifican los productos en cinco grupos de edades (mayores de 3, 7, 12, 16 y 18 años).

Dicho código también recoge la inclusión de pictogramas alusivos a las razones que justifican su clasificación (violencia, sexo, miedo, lenguaje soez, drogas o discriminación).

Todas estas recomendaciones se especifican en las carátulas de los videojuegos, lo que para UCE-Andalucía es "insuficiente" debido a que los padres no podrán acceder a esta información si se adquieren los productos pirateados, que suelen carecer de la portada original.

Asimismo, Ruiz ha considerado necesario que las tiendas también hagan separación por temática y edad recomendada en las estanterías donde ubican los videojuegos, ya que "actualmente encontramos a niños que encuentran este tipo de juegos en las grandes superficies al alcance de su mano".