Durante el jueves y viernes pasado, el Auditorio de la Universidad de Almería fue centro de un interesante debate sobre la Reforma de la Administración Local aprobada recientemente y su futura aplicación, además de los recursos presentados por tachas inconstitucionales.

Esta ha tenido -y tiene- sus detractores y aquellos que la defienden. El Gobierno pretende eliminar de una vez para siempre la duplicidad de competencias, detallando el cometido de cada administración, reducir el gasto y que asegurar la financiación de los servicios que se presten. Los ayuntamientos dejan participar en la prestación Educación, salud, servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como de inspección y control sanitario de mataderos, de industrias alimentarias y bebidas.

Pero hay quien no está de acuerdo con el fundamento básico de esta ley por desposeer a los municipios inferiores de 20.000 habitantes de algunas de las competencias que le han hecho las administraciones más valoradas de nuestro país, pues los ayuntamientos apenas representan el 4% de la deuda pública con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) y constituyen la fórmula de participación social más efectiva que existe debido a la cercanía.

Para debatir todo esto estuvieron presentes el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, el diputado nacional por el PP, Juan José Matarí, el presidente de al Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, Concepción Becerra, directora del Instituto Andaluz de Administración Pública, Juan Cano, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Francisco Pérez Gálvez, el codirector del encuentro junto con el presidente del Consejo Consultivo andaluz y profesor en la UAL o Fernando Lesdema, exministro socialista.