1. En Europa se toman infinidad de decisiones que nos afectan mucho como ciudadanos y que dependen de que nuestros intereses estén bien defendidos por nuestros representantes. Por eso debemos enviar a las instituciones europeas a nuestros mejores políticos y expertos, a los más capacitados y cualificados, a los más motivados, a los más conocedores de la Unión Europea y, por supuesto, a los más europeístas. De igual forma, debemos trabajar por incrementar la visibilidad de nuestros eurodiputados y, al igual que los representantes de otras nacionalidades, establecer una "estrategia país" que sitúe el sector agroalimentario español en el nivel que le corresponde a la hora de la toma de decisiones. Se ha de incrementar la interlocución del sector con nuestros representantes en Bruselas en la línea de los principios marcados por el Estatuto del Lobby Europeo.

2. Además, el sector agroalimentario es clave para nuestro país, ya que representa el 8% del PIB, es el segundo sector en importancia de nuestra economía tras el turismo e incluye más de dos millones de trabajadores. En consonancia con estos datos, este sector debe considerarse como prioritario por parte de nuestros representantes, ya que los asuntos más estratégicos para la cadena agroalimentaria, como son las políticas agrarias y alimentarias, dependen casi exclusivamente de normativas europeas.

3. La crisis económica ha golpeado de forma grave el consumo en Europa y en España. Por ello, consideramos que han de promoverse medidas eficaces para recuperar el consumo interno. En el caso de los alimentos eso supone, en primer lugar, dar a conocer las ventajas de la cadena agroalimentaria tiene para el consumidor y con ello ayudar a mejorar su percepción sobre los alimentos y generar así mayor confianza y, en segundo lugar, recuperar el consumo tirando de la demanda interna, con medidas que favorezcan la reactivación de la economía como el acceso al crédito y el fomento de la creación de empleo.

4. Para lograr el objetivo anterior es indispensable poner en marcha más y mejores mecanismos de colaboración y cooperación entre eslabones, incluidas las Administraciones Públicas, para crear verdaderas cadenas agroalimentarias de valor compartido, cadenas agroalimentarias que mejoren la sostenibilidad y la competitividad de las empresas a largo plazo, a la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales en las comunidades donde operan, tratando de desterrar las prácticas comerciales desleales y abusivas.

5. Para garantizar la sostenibilidad y competitividad del conjunto de la cadena agroalimentaria se debe asegurar además la mejora permanente de la estructura de costes de los diferentes eslabones de la misma y, en especial, la del sector productor, muy dependiente de inputs y materias primas que vienen de fuera de la Unión Europea así como del coste energético. El eslabón productor debe incrementar su valor añadido dentro de la cadena agroalimentaria y, para ello, trabajar por seguir mejorando sus estructuras de producción, comercialización, transformación y negociación. Por su parte, la Política Agraria Común debe mantener un presupuesto adecuado y la estabilidad necesaria para cumplir el objetivo de garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola.

6. Se ha de seguir trabajando por mejorar las garantías de seguridad alimentaria de todos los alimentos que se comercialicen en la Unión Europea, conseguidas gracias a las políticas agrarias y alimentarias desarrolladas desde la creación de la Unión hasta alcanzar los estándares públicos más exigentes del mundo. Para ello, los mecanismos de alerta y gestión de crisis deben ser reformados obedeciendo a criterios comunes de todos los Estados miembro.

7. La lucha frente al cambio climático y la mejora del medio ambiente deben afrontarse teniendo en cuenta las particularidades de nuestro clima y no sólo bajo los planteamientos de países del norte de Europa.

8. Se ha de trabajar por la consolidación de un verdadero mercado único europeo, tratando de eliminar trabas y barreras innecesarias al comercio intracomunitario de productos y servicios que existen aún en la actualidad, y que generan graves ineficiencias. La regulación de las tasas máximas de intercambio aplicadas en el uso de tarjetas bancarias que deberían aprobarse pronto en el Consejo representa un buen ejemplo en este ámbito.

9. El impacto potencial de los acuerdos internacionales de comercio sobre los productores agrarios es enorme. Por ello, las negociaciones de apertura comercial que desarrolla la Unión Europea deberán tener en cuenta el principio de preferencia comunitaria y evitar concesiones relativas a productos agrarios sensibles y para aquellos que tienen la misma estacionalidad que los comunitarios cuando no existan instrumentos de gestión de estos acuerdos que los adecuen, tanto a las producciones comunitarias, como a las demandas del mercado interior.

10. Las políticas de innovación e investigación deben contemplar un enfoque integral de la cadena agroalimentaria. La producción agraria debe incrementar su valor añadido dentro de la cadena agroalimentaria. Para ello, se debe apoyar de forma continua un I+D+i dirigido a unir las demandas y necesidades del consumidor con la producción.

Comunicado conjunto de Asedas COAG, UPA, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias.