José Manuel Cepeda es el nuevo presidente de Feragua y aunque estrena cargo es un veterano en el movimiento asociativo de los regantes andaluces. Ha sido miembro de la Junta de Gobierno de Feragua desde su fundación; presidente de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Genil de 2004 a 2010, puesto desde el que impulsó su modernización, y miembro de la Comisión de Desembalse y de la Junta de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Cepeda es ingeniero técnico agrícola y empresario agrícola e industrial.

-Reducir la factura eléctrica de los regantes es uno de los principales retos a los que se enfrenta. Algo se ha conseguido con la nueva fiscalidad aprobada por el Gobierno. ¿Es suficiente?

-Las dos principales medidas adoptadas por el Gobierno para reducir los costes eléctricos del regadío (reducción del 85% del impuesto eléctrico y beneficios fiscales para los que tributan por estimación objetiva o módulos) son positivas pero insuficientes para amortiguar el impacto del decretazo eléctrico de agosto de 2013, que en Andalucía nos subió de media un 20% el coste de la factura eléctrica y tuvo un impacto de 37 millones de euros. En este sentido, la reducción del 85% del impuesto eléctrico supone sólo una reducción del 4,1% de la factura eléctrica y los beneficios fiscales diseñados excluyen a todos los regantes que son contribuyentes a través de personas jurídicas y a aquellas personas físicas que tributan por estimación directa.

-¿Qué más demandan?

-Consideramos necesarias nuevas medidas que ayuden a aminorar los costes eléctricos, como IVA reducido, contrato flexible y adaptado al consumo y otras medidas fiscales que beneficien a todos los regantes y no sólo a los agricultores que tributan por módulos. Particularmente, yo quiero centrarme en pedir IVA reducido para la factura eléctrica que soportan las comunidades de regantes, porque los regantes que pagan la electricidad a través de sus comunidades están en una situación de agravio con respecto al resto, ya que ellos no pueden desgravar el IVA. Esta situación está perjudicando el modelo de las comunidades de regantes, una aportación histórica del regadío español y que ahorra mucho dinero al Estado.

-¿Qué ahorro han conseguido con la central de compras?

-La central de compras ha sido una buena iniciativa de Feragua que está permitiendo a sus asociados unos ahorros del 10% como media. En esta iniciativa vamos de la mano de la comercializadora Energía Plus, pero el poder de decisión nos lo quedamos nosotros. El modelo está funcionando, y en Fenacore han decidido también seguirlo a nivel nacional. Y por supuesto creo que ha servido también para introducir más competencia y para beneficiar a todos los regantes, también a los que no se han asociado, porque otros comercializadores han empezado a darse cuenta de que los regantes necesitamos ahorrar y reducir la factura eléctrica sí o sí. Hay que ser conscientes en todo caso de que el problema de los costes eléctricos que tenemos no lo podremos resolver únicamente por la vía de una mejor compra de la energía, que como mucho supone el 40% de la factura eléctrica. Lo demás son términos regulados e impuestos donde el gobierno decide. Por ello, necesitemos una solución política a este problema.

-El dragado del Guadalquivir es otro asunto sensible sobre todo para los arroceros. ¿Qué condiciones pide para la realización de este proyecto?

-Es sensible para los arroceros y para todos los agricultores del Sistema de Regulación General, pues es un proyecto que afecta a las márgenes del río. Yo ya lo he dicho por activa y por pasiva: no estamos en contra del dragado, siempre que se realice en los tiempos adecuados y con las garantías necesarias para que no perjudique ni al arroz ni al resto de la agricultura de la Cuenca del Guadalquivir. Si planteamos un proyecto de defensa de márgenes adecuados, y ponemos en marcha la modernización del arroz que evite el problema de la salinidad, antes de empezar el dragado, en Feragua estaremos encantados de sumarnos a las organizaciones que dicen que es un gran proyecto para la economía sevillana y andaluza.

-Los costes de explotación de la Breña II y Arenoso son otro problema a afrontar. ¿Qué soluciones propone?

-Mire usted, dos soluciones muy lógicas y que además casi caen de cajón, tan es así, que todos los usuarios hemos pedido lo mismo a la administración. La primera solución es que quien gestiona todos los embalses en el Guadalquivir, o sea, la Confederación Hidrográfica, pase también a gestionar estos dos, algo que estimamos generaría economías de escalas y que reduciría los costes de explotación. Además, esta solución podría facilitar el aumento del plazo de amortización de las obras de los actuales 25 años a los 50 años en los que se amortizan todas las presas de regulación en España. Y la segunda solución es también muy sencilla y de cajón, y pasa por dejar de imputar al proyecto costes ambientales que no tienen nada que ver con él. Sólo con eso, estamos seguros de que los cánones que soportamos por estas presas podrían reducirse de forma más que sustancial.

-En Huelva, hay muchos regantes que exigen nuevas dotaciones de agua . ¿Qué postura mantiene Feragua?

-Las dotaciones previstas por la administración -tanto la estatal como la autonómica- para la fresa son insuficientes y desde mi punto de vista irresponsables, pues amenazan el futuro de un sector que genera riqueza y empleo en la provincia como ningún otro, un sector que es competitivo en los mercados internacionales y que en suma debería ser la niña de los ojos de nuestras administraciones porque además no tenemos tantos sectores que nos reporten unos beneficios sociales semejantes. Me llama mucho la atención que nuestras autoridades siempre estén penando por atraer inversores a nuestra tierra que generen riqueza y empleo, y sin embargo a los sectores autóctonos que funcionan y que son capaces incluso de competir con éxito en los mercados globales, se les maltrata. No lo entiendo, la verdad.

-La burocracia y la lentitud de las administraciones en las ayudas y concesiones son quejas frecuentes frente a las promesas de agilización de Junta y Gobierno. ¿Cómo es la situación actual?

-Le voy a decir una cosa que yo he podido ver en mis relaciones con la administración. Para la administración dos años es rapidez. Y para la empresa privada, según la propia legislación aprobada, el plazo máximo de pago es de 60 días. Con esa diferencia de visión de las cosas, comprenderá usted que es difícil que podamos funcionar al unísono. Si la administración fuera consecuente con lo que legisla y con su discurso, y sobre todo si se pusiera en la piel de los empresarios, la cosa sería diferente. No podemos dar por bueno ni por normal que se pague en dos años.