El Parlamento andaluz aprobó por unanimidad la semana pasada la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el Grupo Socialista por la que solicitará al Congreso de los Diputados la modificación de tres leyes estatales para reducir los costes energéticos que soporta el regadío andaluz.

La toma en consideración ha sido apoyada por los tres grupos (PP, PSOE e IU), por lo que continuará su tramitación correspondiente hasta ser debatida en las Cortes Generales. La proposición de ley se concreta en la modificación de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para ofrecer una alternativa de reducción de costes a partir del autoabastecimiento eléctrico y de la flexibilización de las condiciones de suministro para actividades económicas de consumo intensivo y con estacionalidad. Asimismo, se propone incorporar a la Ley 2/2011 de Economía Sostenible el compromiso de las administraciones públicas para realizar inversiones que favorezcan este objetivo, y la modificación de la Ley 37/1992, reguladora del IVA, para aplicar un tipo reducido del 10% a la factura eléctrica de las comunidades de regantes. El portavoz socialista, José Muñoz, explicaba que el objetivo de esta iniciativa es "prestar auxilio" a los agricultores ante una situación "que pone en riesgo" la continuidad de las explotaciones, porque desde 2008 el recibo de la luz ha aumentado un 80%. También indicaba que pretenden promover un cambio normativo para "aliviar los efectos de una política energética que está asfixiando al sector" y recordó que la presidenta andaluza, Susana Díaz, "se comprometió con el regadío" en el debate de la comunidad.

Esta iniciativa parlamentaria cuenta con el apoyo también de las organizaciones agrarias andaluzas y las asociaciones de regantes. Concretamente la Federación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) comunicaba a los diferentes grupos parlamentarios andaluces su apoyo a la iniciativa legislativa

La presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, calificaba esta iniciativa legislativa de "justa y necesaria", y pidió a todos los grupos políticos que la apoyen "por su importancia para un sector tan estratégico para la economía andaluza, como es el sector del regadío, que representa una facturación superior a los 5.000 millones de euros y más de 200.000 empleos anuales y supone el 65% del VAB de la agricultura andaluza, además de ser clave para el equilibro demográfico, social y territorial de Andalucía". Bustamante señalaba que las dos principales medidas adoptadas por el Gobierno para reducir los costes eléctricos del regadío (reducción del 85% del Impuesto Eléctrico y beneficios fiscales para los que tributan por estimación objetiva o módulos) "son positivas pero completamente insuficientes para amortiguar el impacto del decretazo eléctrico de agosto de 2013, que en Andalucía nos subió de media un 20% el coste de la factura eléctrica y tuvo un impacto de 37 millones de euros".

En este sentido, indicaba que la reducción del 85% del impuesto eléctrico supone sólo una reducción del 4,1% de la factura eléctrica y subrayaba que los beneficios fiscales diseñados excluyen a todos los regantes que son contribuyentes a través de personas jurídicas y a aquellas personas físicas que tributan por estimación directa.

Por ello, y en línea con lo que se plantea en la iniciativa legislativa Feragua considera necesario establecer nuevas medidas que ayuden a aminorar los costes eléctricos del regadío, como el IVA reducido, contrato flexible y adaptado al consumo que permita modificar la potencia contratada al menos dos veces al año, incentivos a la generación de energía renovables en el regadío y actuaciones de mejora de la eficiencia energética, y otras medidas fiscales que beneficien a todos los regantes y no solo a los agricultores que tributan por módulos. Según la presidenta de Feragua "desde la mal llamada liberalización del mercado eléctrico, y la desaparición de la energía de reserva para el regadío la subida del precio de la electricidad para los regantes ha sido del 100%, lo que hace que la electricidad ya represente de media el 40% de los costes fijos que soporta el regadío, llegando en algún caso al 70%, lo que pone en peligro la viabilidad de muchas explotaciones".