La aprobación en la última reunión del Consejero de Ministros de los reales decretos que van a regular la aplicación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en España consuma lo que muchos agricultores y ganaderos consideran la marcha atrás en una de las medidas que se consideraban más novedosas, la figura del agricultor activo para percibir las ayudas europeas.

Ante las críticas que ya se habían oído previamente, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se apresuró a explicar ante la directiva nacional de Asaja que la PAC en España, "por decisión de este Gobierno, permite, por primera vez, conceder las ayudas sólo a quienes justifiquen que se dedican a la actividad agraria".

También puso en valor la importancia de la PAC para los jóvenes, con nuevos y muy importantes alicientes para que apuesten por la actividad agraria. De esta forma, los jóvenes van a contar con ayudas, desgravaciones fiscales y facilidades de crédito.

En Andalucía la organización agraria Asaja entiende que se abre una nueva fase en la que se habrán de concretar los detalles para la puesta en marcha del nuevo sistema y se deberá intensificar la tarea de divulgación e información para que la totalidad agricultores y ganaderos se familiarice con la nueva normativa de cara a la campaña que comienza el 1 de marzo de 2015.

En todo caso Asaja atribuye a la Comisión Europea la incapacidad de mantener su propia iniciativa para legitimar a los destinatarios de la PAC e insta al Magrama a mantener sus criterios sobre agricultor activo, y tanto en las circulares de desarrollo de los decretos como en los controles pertinentes se garantice que los fondos de la PAC se destinan a los profesionales agrarios que desarrollan una actividad productiva efectiva.

La definición de agricultor activo, tal y como se había defendido con el apoyo de las organizaciones agrarias y comunidades autónomas sigue siendo, en opinión de Asaja, "no solo perfectamente válida, sino de aplicación directa y obligada para la inmensa mayoría de los futuros beneficiarios, y solo a título excepcional y superando estrictos controles que justifiquen su admisibilidad se incluirían a los eventuales perceptores que no cumplan con la norma establecida de obtener una parte de los ingresos agrarios directamente del mercado para acceder a los Pagos Directos de la PAC".

Por otra parte, Asaja considera que existen herramientas suficientes en la reglamentación comunitaria (condicionalidad y pago verde, exclusión por creación de condiciones artificiales, presencia de ganado en los pastos, asunción de riesgo empresarial, etc.), que permiten asegurar que quien se encuentra dentro del nuevo sistema de pagos directos realiza una actividad, productiva -o temporalmente de mantenimiento de la explotación- haciendo muy difícil que aquellos que no realizan actividad al frente de la explotación ni asumen ningún riesgo empresarial puedan cobrar fondos públicos de la PAC.

Respecto a la aplicación práctica, la organización agraria confía en que el nuevo sistema sea rápidamente asimilado por agricultores y ganaderos, ya que, a pesar de la complejidad inherente al modelo defendido, basado en la diversidad productiva de España, sus modelos de cultivo y su realidad territorial y administrativa, Asaja "lleva informando al conjunto de los profesionales agrarios de manera continuada, primero de las negociaciones, y en los últimos meses de los distintos proyectos y borradores de la futura reglamentación".

Por todo ello, Asaja-Sevilla lanza un llamamiento a la tranquilidad a sus asociados y al conjunto de los agricultores y ganaderos para que sigan trabajando, como siempre, "de manera profesional, al frente de sus explotaciones, produciendo alimentos sanos y de calidad para la sociedad, generando empleo y dinamismo en el medio rural y gestionando diariamente el entorno y la diversidad del campo".

Otra organización agraria, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, se muestra mucho más crítica y considera que la gestión de la futura PAC por parte del Ministerio de Agricultura es "lamentable y nefasta", y que puede provocar graves consecuencias para el sector agrario, en general, y el andaluz, en particular.

Esta organización denuncia que el proceso de negociación se ha caracterizado por "el oscurantismo, la falta de participación, la arbitrariedad y el criterio político en lugar de técnico a la hora de diseñar las distintas actuaciones", y va a ponerlo en conocimiento del Comisario de Agricultura, Phil Hogan, además de exigir al propio Ministerio que asuma la responsabilidad de los perjuicios que puede acarrear su "pésima gestión". Por lo tanto apunta contra el Ejecutivo en vez de contra la Comisión, sobre todo en la "desactivación" de la figura del agricultor activo.

"Durante dos años se nos ha vendido una reforma que iba a terminar con los agricultores de sofá, absentistas y especuladores, pero al final se va a colar una opción que inhabilita la definición (insuficiente, pero necesaria) de agricultor activo, pero los reales decretos consagran la farsa: las superficies que no se dedican realmente a la actividad agraria podrán tener derechos y recibir ayudas a costa de los agricultores y ganaderos profesionales, cuyas rentas sí dependen en grado importante de los apoyos de la UE", explican en COAG Andalucía.

Según esta organización agraria, el Ministerio ha omitido la metodología que durante los dos últimos años se ha estado explicando a los agricultores y ganaderos (donde la asignación de los derechos de ayuda se relacionaba directamente con el sistema productivo que los originaba), y la ha sustituido por un párrafo donde dice que esta asignación se hará "con criterios objetivos y no discriminatorios", abriendo la puerta a la posibilidad de desvincular los derechos de los sistemas productivos que los generaron.

Y respecto a la repercusión en Andalucía, COAG estima que la reforma no sólo beneficia a los especuladores y cazaprimas en la aplicación de los fondos sino que, debido a la opacidad del Ministerio, el sector andaluz, con un alto porcentaje de siembra otoñal, sufre ya la incertidumbre de no saber cómo se va a aplicar la norma finalmente y si será posible su cumplimiento, porque no hay garantías de que el uso de los fondos sea aprobado por Bruselas con el riesgo de correcciones financieras y pérdida de fondos.