La parlamentaria andaluza del PP de Almería Aránzazu Martín ha señalado esta semana en el pleno del Parlamento, en el transcurso del debate del Decreto para corregir a su vez el Decreto 16/2014 que otorgaba la exclusividad de las inspecciones de los equipos de plaguicidas a la empresa Veiasa, que los agricultores de Almería, y del resto de Andalucía, podrán ser sancionados por la Junta, a partir del mes de diciembre, si no han llevado a cabo las revisiones de los equipos de manipulado de fitosanitarios.

Pese a la normativa comunitaria del año 2009 y el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2011, la realidad según Martín es que a día de hoy, de los casi 57.000 equipos objeto de inspección que hay en Andalucía, no han sido inspeccionados ninguno hasta la fecha, por no haber regulado la Junta hasta el momento los ITEAS (Inspección Técnica de Equipos de Aplicación Fitosanitaria), lo que puede suponer un grave perjuicio para los agricultores como consecuencia de la "mala gestión" del Gobierno Andaluz y del Partido Socialista.

Martín, ha señalado que en el caso de Almería y del resto de Andalucía, la Junta adjudicó a Veiasa la autorización para llevar a cabo estas inspecciones, de forma exclusiva, lo que motivó que la Asociación Nacional de Empresas Autorizadas así como distintas organizaciones agrarias, solicitaran un informe al Consejo para la Unidad del Estado, que finalmente les dio la razón y es por ello que el Parlamento de Andalucía ha tenido que convalidar un nuevo Decreto que corrige el error de aquella adjudicación.

La parlamentaria del PP ha culpado al Gobierno Andaluz de crear un "grave problema" a los agricultores desde el año 2009, en el que se aprueba una Directiva para regular esta situación. Posteriormente, el Gobierno Socialista de Zapatero aprueba en diciembre de 2011 el correspondiente Real Decreto en donde se establece la maquinaria objeto de revisión y la creación de las estancias de servicio. Un año más tarde se hace la presentación oficial en la que la Consejería de Agricultura anuncia que entre 2012 y 2013 tendrá listo el diseño del sistema y el desarrollo normativo, y "tampoco cumplen. Y finalmente, en diciembre de 2014 se establece un Decreto que se limitó a adjudicar las revisiones, y para colmo, lo hacen de forma errónea".

A todo esto hay que añadir un agravante más según Martín, y es que "los cursos de formación específica que tienen que llevar a cabo los técnicos que vayan a realizar las inspecciones, se encuentran paralizados desde hace ocho meses en la Universidad de Córdoba que es la que los oferta".