Europa apura los últimos pasos para la aprobación de la directiva comunitaria contra las prácticas desleales en la cadena alimentaria. Un marco normativo inspirado en la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en España en 2013, y que quiso dotar de mayor seguridad jurídica las relaciones entre productores y distribuidores, por ejemplo, obligando a la formalización de todos los contratos.
Después de años de debate, la norma europea llega a su último paso. El Parlamento Europeo daba hace escasos días luz verde a la negociación final del proyecto con la Comisión Europea y el Consejo de Europa, cuya presidencia ostenta hoy Austria, y lo hacía con 428 votos a favor y 170 en contra. Entre las medidas consideradas desleales incluyen los pagos hechos a los fabricantes por encima de 30 días para productos perecederos y sobre 60 días para no perecederos desde su entrega; la cancelación de un pedido de alimentos perecederos con menos de 60 días de plazo, o que un comprador no firme un contrato ya escrito con un productor, entre otras, aunque sí contempla la venta a pérdidas pactada.
El texto cuenta con la oposición frontal del sector de la distribución, al considerar que otorga toda la fuerza en la negociación a los grandes fabricantes, que en un principio no estaban incluidos en los objetivos de la directiva. Christian Verschueren, director general de la patronal de la distribución Eurocommerce, cree que solo empresas como Nestlé, Coca-Cola o Unilever se beneficiarán de la norma. Así lo explica en la edición digital de Cinco Días, que asegura que el proyecto de directiva ha tomado "un enfoque centrado contra los distribuidores" tras "su paso por el Parlamento".
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