El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde.

"La economía social, sus empresas y organizaciones han demostrado a lo largo de los años y de las diferentes crisis su capacidad para resistir y recuperarse”. Así reza en el prólogo del estudio ‘Análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la economía social en España’ escrito por Eduardo Baamonde presidente de Cajamar, entidad que a finales de mayo publicaba el documento en un periodo en que coincide con la crisis desencadenada por la COVID-19 aunque el informe se basa en los años 2017-2018. Baamonde se refiere en su texto a la resistencia de estas empresas y a su flexibilidad y capacidad de fortalecerse en condiciones adversas. En este contexto, el objetivo de este proyecto, impulsado por CEPES (Confederación Empresarial Española de Economía Social) que ya lo presentó en diciembre en Madrid y dirigido por María Isabel Martínez de la consultora Abay Analistas, es visibilizar y cuantificar la contribución diferencial que la economía social realiza al conjunto de la sociedad, papel que la Unión Europea no solo reconoce, sino que recientemente la nueva presidenta de la Comisión Europea ha encomendado al nuevo Comisario de Empleo y Asuntos Sociales la elaboración de un Plan de Acción Europeo de economía social.

Por actividades, respecto a las empresas de economía social de la agricultura, que muestran una fuerte especialización, estas tienen un peso del 13% sobre el tejido productivo de su sector; éste engloba el 17,8% de las empresas y el 11,9% del empleo de la economía social de mercado. El informe refleja el impulso que la economía social da a las zonas rurales; asimismo como se apunta en el documento, una “buena muestra del protagonismo de la economía social de mercado en el desarrollo de tejido productivo y de valor añadido de estas zonas es su peso en las ramas agroalimentarias. Así, el 53,2% de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales; el 28,9% de la fabricación de productos para la alimentación animal; el 21,9% de la fabricación de bebidas y el 13,6% del procesado y conservación de frutas y hortalizas lo realizan empresas de economía social”.

Eduardo Baamonde: "Si el papel de la economía social es relevante en una situación de normalidad, en los próximos años será imprescindible”

En el estudio se constata que las firmas de economía social, como son las cooperativas por ejemplo, contribuyen a un empleo más inclusivo y la reducción de desigualdades. En cuanto al impacto monetario, a pesar de que en el estudio los datos están infravalorados por motivos de metodologías o por desbordar el alcance del mismo, aún así apunta que los beneficios totales que los principios de la economía social aportan a la sociedad se cifran en 6.229 millones de euros anuales, de los cuales el 71,7% está vinculado a la ocupación de colectivos con dificultades de acceso al empleo y el 16,9% a la mayor estabilidad del empleo.

Por agentes, los principales beneficiarios son los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, que reciben 3.930 millones de euros anuales en rentas salariales. En segundo lugar, están las Administraciones Públicas, con 1.770 millones de euros anuales de beneficios directos e indirectos (gastos no realizados) y, por último, las propias empresas, que obtienen un beneficio neto de unos 528 millones de euros anuales.

“Si el papel de la economía social es relevante en una situación de normalidad como la que se producía entre 2017 y 2018 (años en los que se posiciona este estudio), en los próximos dos años pasará a ser imprescindible. Nos quedan por delante meses duros en lo sanitario, en lo económico y social. Pero no me cabe la menor duda de que este sector y, nuestro grupo con é, serán capaces de dar lo mejor de sí mismos y contribuirá como nadie a superar todas las dificultades que el destino y la COVID-19 quieran ponernos en el camino”, concluye Eduardo Baamonde.