Culebrón con final dramático. El sector pesquero mediterráneo, después de una intensa lucha por sus derechos, no ha conseguido lo que a priori se antojaba un imposible. Nunca perdieron la esperanza, pero el pasado jueves 4 de abril, quedó aprobado el primer plan de gestión pesquera para el Mediterráneo Occidental. Una norma que rechazan frontalmente los pescadores españoles y que temen pueda “acabar con el arrastre”, pues es precisamente la pesca de bajura la que se ve seriamente limitada por este nuevo plan.Lo peor, para todos ellos, la actitud del Gobierno Central, encarnado en la figura del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, de la eurodiputada, Clara Aguilera, ponente de este controvertido Plan, y especialmente del Partido Socialista a nivel nacional, que en ningún momento “ha dado su brazo a torcer, ni ha comprendido el atentado que supone esta norma”, manifiestan desde el sector.

“Es una traición”, denuncia José María Gallart, gerente de Asopesca, vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), que duda cabe que una voz autorizada en el sector pesquero, defensor de esta actividad en la provincia y en toda la geografía nacional, y uno de los responsables de una larga travesía, de muchos meses atrás hasta la fecha, en la que han intentado que los partidos políticos nacionales con derecho a voto en el Parlamento Europeo, lucharan y votaran “no”, a esta norma.

El texto, que ya había sido acordado con el Consejo de Ministros, fue aprobado con 461 votos a favor, 62 en contra y 101 abstenciones. Pero el sector esperará esta semana para conocer la relación nominal de la votación para saber la dirección de voto de los representes españoles, aunque probablemente no haya habido sorpresa, y solo haya sido el PSOE quien haya votado a favor, después de que consiguieran que el resto de partidos nacionales entendieran y asumieran las consecuencias de este Plan.

En el primer año de aplicación del nuevo Plan (2020), el esfuerzo pesquero máximo deberá reducirse un 10% respecto al número de días autorizados entre 2012 y 2017. Los cuatro años siguientes el esfuerzo pesquero máximo tendrá que recortarse un 30%.

Además, el texto pide una revisión del Fondo marítimo y pesquero europeo (EMFF, en inglés) para permitir que las flotas cubiertas por esta normativa puedan pedir compensación en caso de interrupción permanente de su actividad.

Tal y como comunican desde Bruselas, este esfuerzo pesquero se aplicará tanto a la pesca comercial como recreativa y también a las capturas accidentales; impulsarán regímenes de cogestión de la pesca entre los Estados miembros, las pesquerías locales y otras partes interesadas; facilitarán el cumplimiento de la obligación de desembarco; limitarán la pesca recreativa cuando su impacto sobre la mortalidad marina sea demasiado elevado, y limitarán la pesca a un máximo de 15 horas por jornada (18 horas si se cuenta el tiempo de tránsito entre el puerto y el caladero).

Además, los eurodiputados aprobaron la prohibición del uso de redes de arrastre a menos de seis millas náuticas de la costa, excepto en áreas con más de 100 m de isóbata, durante tres meses al año. Cada país determinará los tres meses de cierre anual, a partir de la información científica disponible, para asegurar una reducción de al menos el 20% de las capturas de juveniles de merluza.

El sector pesquero ha vivido esta semana el respaldo al completo del Gobierno andaluz, que comparte las políticas e iniciativas para mejorar el estado de conservación de los recursos de la pesca que propicien una actividad sostenible, pero siempre y cuando las medidas a adoptar no supongan sacrificios inasumibles para los pescadores tal y como contienen este plan, que asfixia al arrastre.En 2018 esta flota desembarcó más de 3.500 toneladas de pescado y marisco, con un valor de primera venta en lonja de más de 23 millones de euros. “Ahora la pelota en el tejado del Gobierno español, que tiene que desarrollar este Reglamento con el sector en contra”, explica Gallart. Pero no será hasta diciembre, en Consejo de Ministros cuando se apruebe el texto definitivo y se aplique con fecha 1 de enero de 2020. Hasta entonces, los representantes de este sector pelearán por ‘enmendar’ una norma que “tendrá graves repercusiones económicas y cuanto a empleo”.

Pero, ¿cómo influye esta norma en Almería? Solo en la provincia atañe a en torno a un centenar de embarcaciones dedicadas al arrastre, la mayor parte de ellas, cerca del medio centenar, se encuentran en la capital, la principal afectada. Aquí serían 200 empleos directos en riesgo y la friolera de 1.500 indirectos. Pero ya no es solo eso, la limitación que se establece para la bajura generaría un perjuicio también al ámbito hostelero y por tanto turístico, en un momento en el que Almería es Capital Gastronómica de España y donde el pescado es una pieza esencial de su cocina. La trascendencia de una limitación afectaría a un sector que mueve en lonja en torno a los 10-12 millones de euros brutos al año.