El alcalde Gabriel Amat considera que la Junta de Andalucía deberá resolver los conflictos urbanísticos con los propietarios de los terrenos afectados por las obras de la variante de Roquetas "y en caso contrario denunciaré el convenio firmado con Obras Públicas. El ayuntamiento ya ha hecho todo lo que podía. Que haga Obras Públicas lo que tenga que hacer. Yo ya le dije al director de Infraestructuras que mi compromiso había terminado, que había intentado hacer todo lo que estaba en mi mano y quien debe terminar la obra y arreglar los problemas con los propietarios afectados es la Junta de Andalucía", sentencia, considerando Amat que gracias a la iniciativa municipal la Junta de Andalucía no había gastado una veintena de millones de euros en las expropiaciones. Las obras están paralizadas por la oposición de dueños de fincas pero sí hay trabajos en otras zonas porque se reanudaron recientemente existiendo el compromiso de llegar a la salida a la carretera de Alicún.

Según Amat "si la autovía tiene 500.000 metros hay 70 ó 50.000 metros con problemas con los propietarios, el resto se ha arreglado todo. Ahora es competencia de la Junta de Andalucía la negociación con ellos, porque no se ha podido llegar a acuerdos con todos."

Las compensaciones urbanísticas por estas expropiaciones están ubicadas, por ahora solo en mapas, en la polémica zona costera de Las Salinas, por lo que cualquier movimiento en este proyecto puede repercutir en las obras de una variante que debe unir la autovía con Roquetas favoreciendo el acceso a las playas de la Urbanización sin pasar por el centro de la ciudad.

En este contexto Amat no descartaba, por otra parte, que el municipio interpusiera una demanda por daños y perjuicios contra la dirección general de Costas debido a los retrasos que hace sufrir al proyecto del PP para reparcelar y urbanizar la zona.

Por su parte, el diputado provincial de Izquierda Unida y nuevo concejal roquetero, Juan Pablo Yakubiuk, pedía que se realizara un nuevo deslinde tras la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba los límites marcados por Costas en la zona conocida como El Bosque, junto al antiguo cuartel de carabineros en la playa de Los Bajos, como solicitaba el ayuntamiento. Este paraje se encuentra actualmente muy degradado y sufre continuos vertidos de residuos, una situación muy diferente a la existente "hace unos setenta años, cuando las crónicas cuentan que incluso había caza menor. Se trata de mantener el espacio como paraje natural, pero no de urbanizarlo con un campo de golf", denuncia Yakubiuk.

En contra, Gabriel Amat considera "seguro que Costas volverá a recurrir y el ayuntamiento volverá a defenderse y estudiará si les pone una demanda pidiendo daños y perjuicios a quien está haciendo tanto daño al municipio. Si esos 800.000 metros donde queremos hacer un parque comarcal y un campo de golf en primera línea de playa, no urbanizarlo, no estuvieran en litigio, podrían entrar en el reparto de cargas de la urbanización, siendo mucho más barato el metro, haciendo el parque como sistema general y el campo de golf a construir por quien lo fuera a gestionar. Así quitaríamos un vertedero de basura y un criadero de mosquitos. Lo mejor que se puede hacer en esa zona es lo que quiere el ayuntamiento, no para construir, sino para convertirlo en un gran pulmón verde bien cuidado".

Dentro de la zona, que llega casi hasta el Aquario por su parte norte, se enmarcaría el actual Corredor Verde que une a través de senderos para ciclistas y caminantes Aguadulce con Roquetas. El Ayuntamiento tiene previsto mantener conversaciones con algunos propietarios que tienen viviendas en la zona ya que han expresado su deseo de quedar fuera del sector afectado por la urbanización. Amat afirma que no ha vuelto a tener contactos con la plataforma creada por los dueños de las tierras que pedían la anulación del proyecto y que llegó a acudir masivamente al Ayuntamiento a expresar su protesta "estamos estudiando todas las alegaciones presentadas y nos reuniremos con los propietarios para buscar la forma y el momento adecuado para no construir una urbanización y luego tenerla parada. El terreno es urbano directo, sin consolidar, y hablaremos con todos para evitar hacer daño a nadie", mantiene Amat.