La junta directiva de la Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual en Almería (Aspapros) ha estallado contra la Junta de Andalucía por la configuración de la nueva licitación de plazas residenciales para discapacidad en la comunidad autónoma al agotar la paciencia de una entidad que durante años se ha visto ignorada por la administración en materia de servicios sociales. El colectivo almeriense ha trasladado su malestar e indignación al no comprender las "excusas alegadas" por la Junta desde que en 2015 se hizo realidad el proyecto de su sede en la calle Estrella Errante de la capital en la que, además de la centralización de los servicios administrativos, escuela infantil y centro de atención temprana, se ubica una residencia para persona gravemente afectadas y un centro de día equipados, autorizados y preparados para ser ocupados de inmediato.

"En los inicios aducían motivos presupuestarios, pero decaían cuando comprobábamos en otras provincias e incluso en Almería que se ocupaban plazas de entidades con autorizaciones posteriores". Una situación que alcanzó su culmen cuando después del verano de 2018 se les ofreció ocupar las plazas de centros de la capital con los usuarios de instalaciones similares que gestionan en Huércal, cuya titularidad pertenece a la Junta. Mientras se trasladaban esas plazas se iba a remodelar ese centro, pero de momento no hay ni proyecto ni presupuesto asignado, por lo que el cambio de usuarios de ambas residencias supone el cierre indefinido y no conseguir una ampliación efectiva de plazas en la provincia.

Esperaban cierta esperanza con la llegada del nuevo gobierno andaluz de que se solventara una situación enquistada que pone en riesgo la estabilidad de Aspapros, más al recaer la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en el partido que había defendido una moción en el Ayuntamiento de Almería y una Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía solicitando la ocupación de los centros. Pero el departamento competente mantiene la hoja de ruta del anterior ejecutivo regional y el agravio es mayor al comprobar que se habían concedido 1,2 millones de euros para iniciar la construcción de un nuevo recurso en Granada.

"El colmo de la situación ha sido el anuncio de licitación de 175 plazas residenciales de discapacidad más para toda Andalucía, volviendo a ignorar la demanda de Aspapros de hace cinco años", apunta la junta directiva en su comunicado y recalcan que la sucesión de hechos ha agotado su capacidad de explicación a las familias directamente afectadas. Y ponen un ejemplo contundente. Un usuario del centro de día desde hace 15 años se ha tenido que ir a más de 115 kilómetros de distancia para ocupar una plaza rompiendo de manera abrupta con todos los lazos de su entorno. "Seguiremos luchando por la ampliación de plazas dando respuesta a la necesidad urgente que los socios nos trasladáis constantemente", concluye su escrito reivindicativo.