Almería

El juez ordena al Ayuntamiento ejecutar la sentencia millonaria del cementerio

  • Le concede tres meses de plazo El equipo de gobierno se dirige a contrarreloj al Consejo Consultivo para anular la condena El PSOE reclama abrir una 'comisión de investigación'

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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Almería ha emitido un auto por el que obliga al Ayuntamiento de la capital a ejecutar la sentencia de los cementerios del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que condenó al Consistorio el pasado año a pagar unos siete millones de euros a la exconcesionaria de los servicios mortuorios, Ceal. Le concede un plazo máximo de tres meses, que será aprovechado por el equipo de gobierno para intentar disparar la última bala de la recámara. El Ayuntamiento se ha dirigido al Consejo Consultivo con la esperanza de que revise todo el procedimiento y llegue incluso anular las indemnizaciones reclamadas por la empresa. No obstante, ya se ha realizado un primer pago de 300.000 euros y se prepara otro por la misma cantidad. En medio de este embrollo, el PSOE exige la creación de una comisión de investigación con la que depurar posibles responsabilidades políticas.

El auto judicial ha sido dictado este mes de marzo. Atiende al recurso interpuesto por los representantes de la empresa (Ceal entró en concurso de acreedores), contra la decisión aprobada en la Junta de Gobierno del 13 de diciembre de iniciar el procedimiento de revisión de oficio para la resolución y liquidación del contrato de gestión.

La resolución del Juzgado fue dada a conocer por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Joaquín Jiménez, y la concejal Carmen Núñez, quienes anunciaron ayer su decisión de solicitar la convocatoria de un Pleno extraordinario en el que instarán al alcalde a crear una comisión no permanente, al objeto de depurar responsabilidades dada la elevada cuantía fijada en la sentencia del TSJA, 5,4 millones más cerca de otro millón y medio de intereses de demora.

Los socialistas, que han advertido al regidor que en el caso de no aceptar esta solicitud abordarán otras vías, entre las que no descartan las judiciales, quieren conocer el motivo por el cual el Ayuntamiento optó por el silencio administrativo cuando la entonces concesionaria comunicó su intención de abandonar el servicio por incumplimientos del contrato.

El silencio administrativo, que el TSJA en su sentencia admite como positivo, es la pieza clave en el escrito que hace escasamente dos semanas ha remitido el Ayuntamiento al Consejo Consultivo de Andalucía al objeto de tener un nuevo pronunciamiento que le dé la razón al Consistorio, que entiende este silencio administrativo como una respuesta negativa. "No todo está perdido", manifestó ayer el concejal de Salud y Consumo, Carlos Sánchez, quien explicó que, aunque sentencia del TSJA es firme y por tanto no cabe ya recurso, el esperado dictamen del Consultivo podría anular todo el procedimiento y, por tanto, la condena del pago de siete millones de euros.

La respuesta de este órgano, al que ya ha recurrido el Ayuntamiento en otras ocasiones -caso de la Ciudad Digital- suele ser rápida. Un mes. Mientras, el equipo de gobierno negocia con la ex concesionaria un plan de pagos, que superaría esos tres meses concedidos, en un nuevo marco, según Sánchez, de entendimiento. "Estamos de acuerdo en todo, menos en lo del dinero", llegó a decir el edil.

Dentro de este marco de conversaciones, el Ayuntamiento ha procedido al pago ya de 300.000 euros y prepara un segundo ingreso por el mismo importe. Sánchez rechazó que sea una contradicción dirigirse al Consultivo con la intención de que finalmente la sentencia sea anulada con estos pagos. "Hasta 800.000 euros podemos abonar sin ningún tipo de problema", sostuvo.

Esta cantidad, según abundó, corresponde a la estimación de los técnicos municipales de la indemnización que el Ayuntamiento le reconoce a Ceal por incumplimiento de contrato hasta 2003. "A partir de ahí, no sale ni un céntimo", a esperas de la respuesta del Consejo Andaluz.

Sánchez responsabilizó al PSOE de esta situación "heredada" por suspender el Ayuntamiento en la época de Martínez Cabrejas el crematorio y la ampliación del cementerio de San José. Una respuesta ésta que le vale al edil también a la solicitud de la comisión de investigación.

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