"Yo no recomendaría ninguna inversión en bienes inmuebles en España hasta que se resuelva el problema de la inseguridad jurídica". Este es uno de los puntos que el europarlamentario Michael Cashman refleja en la carta que le dirige al ministro de Obras Públicas, José Blanco, ante su inminente visita a Londres con el objeto de promover la inversión extranjera en viviendas en España. Otro de los aspectos que Blanco quiere destacar en su entrevista de hoy con empresarios británicos del sector inmobiliario es el de la seguridad jurídica española.

Sin embargo, la actuación de las distintas Administraciones españolas referidas a la situación de miles de propietarios de viviendas alegales, ilegales, irregulares, o como se las quiera denominar, no se lo van a poner fácil al Ministro de Obras Públicas. El propio Cashman, el ministro del Gobierno británico para Europa David Lidington, así como parlamentarios británicos, le han transmitido a Blanco su inquietud ante las miles de cartas y correos electrónicos recibidos de ciudadanos europeos que "están muy disgustados y quienes después de haber adquirido legítimamente sus casas tras haber obtenido asesoramiento jurídico oportuno y las luces verdes oficiales: alcaldes, abogados, promotores, han adquirido sus casas legítimamente y sus casas y ahorros de su vida han sido demolidos sin ninguna compensación". En carta abierta, Michael Cashman le pregunta al ministro José Blanco: "¿mencionarás medidas para asegurar la situación jurídica de los inversores extranjeros? Tengo deseos de saber qué medidas vas a proponer, qué pasa con los que han invertido y que sucederá con quienes han perdido sus propiedades utilizando el sistema jurídico español. Espero que los resultados de tu visita traigan un rayo de luz a la perspectiva de perder los bienes inmuebles sin compensación". Esta es una clara alusión a la situación actual de los señores Prior, convertidos, muy a su pesar, en el símbolo de una actuación incompresible como resultado del enfrentamiento entre dos Administraciones españolas, la local y la Autonómica.

Cerca de seiscientos propietarios de viviendas en situación irregular en el Levante se han dirigido a David Lidington, Ministro del Gobierno británico para Europa, para solicitarle "que el Gobierno británico revoque el permiso dado al señor José Blanco para promover en el Reino Unido la compra de propiedades inmobiliarias españolas y que resuelva el atraso de los tribunales en la resolución de los distintos casos en proceso". Numerosos Medios de Comunicación británicos, entre ellos el Daily Telegraph, han iniciado una campaña contra lo que, a su juicio, "no es más que un espectáculo lamentable para los británicos que compraron la propiedad en España de buena fe, y después fueron las víctimas de regulaciones, de planificaciones inciertas, y profesionales sin escrúpulos". El Daily Telegraph añade que crece la alarma en España ante la enorme cantidad de viviendas sin vender, sobre todo en la costa, donde los precios han caído hasta en un 40%, y que tanto bancos como promotores tratan de salvar parte de sus inversiones.