“Ciudadanos pone fin a la corrupción en Almería con la Ley contra el Fraude”. Así lo ha afirmado el coordinador provincial de Ciudadanos en Almería, Rafael Burgos, en la jornada previa al debate final en el Parlamento para la tramitación de esta ley. “Estamos a unas 24 horas de que Andalucía, con Ciudadanos al frente, cierre la puerta la corrupción. Este miércoles, es el debate final de la Ley contra el Fraude y la Corrupción en nuestra tierra. Será un antes y un después en nuestra comunidad y esto es gracias a Cs”, ha destacado Burgos, recordando que “desde que entramos en el Parlamento en el año 2015, fue un acuerdo que suscribimos con el PSOE pero que la señora Díaz nunca estuvo dispuesta a cumplir”.

Para el coordinador de la formación liberal en Almería, "la corrupción es, quizá, el problema más grave de nuestra democracia. No sólo porque merma la eficiencia de las instituciones, sino porque mancha la imagen de todos los que venimos a la política con vocación de servir a los ciudadanos”. Por eso, ha puesto en valor el compromiso de Ciudadanos, “ningún otro partido tiene el listón tan alto como el nuestro. Esa tolerancia cero nos ha llevado en todas las regiones donde gobernamos a imponer una agenda política en la que estuviera marcada la lucha contra la corrupción”. Así, ha manifestado que “todos los partidos políticos se pronuncian en contra de estos casos que pervierten la administración pública, ahora tienen la oportunidad de demostrar que respaldan esta iniciativa. Esperamos un respaldo unánime”.

En esta línea, Burgos ha detallado algunos casos de corrupción “escandalosos” que han llevado a “generar titulares muy negativos para nuestra provincia, con la incertidumbre que eso genera a las empresas que quieran invertir en Almería”. Así, ha hecho mención a la inhabilitación en su día de alcaldes como el de Oria, Albox o Partaloa; el caso ‘Costurero’ de Zurgena; el denominado como ‘Caso Facturas’ en la Diputación Provincial de Almería, o “aunque aún estemos pendientes de las sentencias que se dicten, el macrojuicio por la Operación Poniente”. “Los almerienses llevan muchos años viendo cómo sobre los políticos recaían sospechas de corrupción sin que los propios partidos hicieran nada para esclarecerlas. Y esa sensación de impunidad, que hacía de la corrupción uno de las principales preocupaciones del ciudadano, es lo que ha ido alejando a la sociedad de una labor tan legítima como la del Parlamento y el Gobierno, generando desafección y descrédito en los poderes públicos”.

Ahora, según Burgos, “esta ley lo que hace es que, definitivamente, todos aquellos que tengan la intención de delinquir o de utilizar las Administraciones Públicas para enriquecerse definitivamente abandonen esa idea”. Además, ha subrayado que “es fundamental que tengamos, no sólo una ley sino también una Oficina de Protección del denunciante” argumentando que “algunos han considerado a los denunciantes de corrupción como los causantes del problema, cuando realmente han sido los que han permitido que se conozcan esas artimañas para desviar dinero público. Han sido capaces, de anteponer sus principios, la legalidad y la transparencia por delante de sus puestos de trabajo”. “Por eso, había que buscar la fórmula para protegerlos y es lo que hacemos también con esta norma”, ha apuntado el también diputado provincial de Ciudadanos en Almería.

Por último, ha aclarado que la Ley de Lucha contra el Fraude, cuyo dictamen fue aprobado sin ningún voto en contra, contempla sanciones de entre 300 y los 100.000 euros en función de la gravedad de las infracciones, así como diferentes medidas de protección y defensa del denunciante.