El Sector de Administración de Justicia de CSIF apremia a la Junta para que se implemente un plan de teletrabajo destinado al personal de Justicia en Andalucía de cara a la paulatina vuelta a la normalidad de los servicios de la Administración de Justicia. A juicio del sindicato, dada la situación actual, “es necesario plantearse de manera urgente y seria un plan de teletrabajo y flexibilidad horaria como alternativa y contención de la propagación del virus”.

En un escrito dirigido a la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, CSIF argumenta que, en la actualidad, hay un incremento de personal en los turnos presenciales rotatorios, cada día más exigentes, y que es primordial minimizar los riesgos de contagio, tanto de las personas que componen la planta judicial, como de la ciudadanía.

CSIF recuerda la obligación que la Administración tiene de facilitar los requerimientos para que el personal de Justicia pueda desarrollar su actividad laboral diaria en condiciones que garanticen su seguridad y salud laboral. Asimismo, entiende que “la fórmula del teletrabajo podría convertirse en una experiencia exitosa y de futuro”, atendiendo a que la prioridad debe ser que el trabajo no dañe la salud ni de los empleados públicos ni de la ciudadanía.

Ante la sucesión de escenarios que se están dando como consecuencia de los acuerdos alcanzados por el Consejo General del Poder Judicial y de resoluciones ministeriales o autonómicas, que van encaminadas inexorablemente a la reincorporación gradual de las plantillas al completo, CSIF recuerda a la Administración que muchos órganos judiciales no disponen del espacio suficiente para incorporar a la totalidad de su plantilla cumpliendo la separación necesaria para salvaguardar la salud de los empleados.

En esta línea, el sindicato entiende que “si queremos contar con las plantillas completas a pleno rendimiento cuando así se determine por las resoluciones correspondientes, necesitaremos tener implantada ya la modalidad de teletrabajo, pues de no ser así y por motivos de salud, no será viable la reincorporación de las plantillas totales”.

CSIF propone el impulso de la fórmula del teletrabajo a través de una serie de planteamientos, sin perjuicio de la negociación sindical, que se deba establecer en cuanto a su implementación. En su opinión, debería haber una planificación, estudio y definición de los puestos de trabajo que podrían acogerse por sus características a esta modalidad. Para ello sería necesaria una evaluación de los puestos de trabajo.

Asimismo, el sindicato mantiene que esta modalidad será siempre voluntaria y reversible a petición del trabajador, al tiempo que se debería contar con un estudio para priorizar el teletrabajo en distintos colectivos que pudieran acogerse, que deberían ser objeto también de negociación con las centrales sindicales.

El teletrabajo en la Administración de Justicia debería contar también con el derecho a la desconexión digital, estableciéndose las franjas en que se debería estar disponible para responder y poder resolver consultas sobre los expedientes asignados, según la propuesta de CSIF, que subraya además la necesidad del equipamiento tecnológico y de la formación necesaria a los funcionarios con las que debe contar dicho plan de implantación del teletrabajo en el ámbito judicial.

CSIF, urge por tanto a la Dirección General de Oficinal Judicial y Fiscal de Andalucía a implementar de manera urgente, y previa audiencia de las centrales sindicales con presencia en la Mesa Sectorial, la modalidad de teletrabajo en la Administración de Justicia.

La central sindical ha pedido también pruebas diagnósticas PCR para los 1.600 funcionarios que se han incorporado entre la semana pasada y ésta a sus puestos en las sedes judiciales, que se sumarán a los que ya prestaban servicios esenciales desde que se decretó el estado de alarma. El objetivo de la realización de estas pruebas es detectar posibles personas que sean portadoras del SARS-CoV-2 COVID-19 y proteger así la salud, tanto del personal de Justicia que paulatinamente se está incorporando, como de las personas usuarias.