La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha valorado “positivamente” el protocolo que la Junta de Andalucía ha elaborado para prevenir y actuar ante agresiones contra el personal funcionario de la Administración de Justicia en el ejercicio de su trabajo, que además ha contado con el visto bueno previo de las representaciones de los trabajadores en la mesa sectorial. En Almería este marco normativo tendrá repercusión en más de 700 trabajadores y trabajadoras. El Sector de Administración de Justicia de CSIF ha reconocido que este conjunto de medidas “era imprescindible” y se ha congratulado porque la Dirección General de Oficina Fiscal y Judicial haya tomado la iniciativa y satisfecho una reclamación que el sindicato ya había realizado en 2017 ante el elevado riesgo al que se enfrentan los cerca de 9.000 empleados y empleadas que desempeñan sus tareas en las sedes judiciales de las ocho provincias.

“Nos alegra que Andalucía se convierta en la primera comunidad con una herramienta de este tipo, que ya existía en otros servicios públicos, pero no en la Administración de Justicia a pesar de las circunstancias tan especiales de este sector y de que su personal está más expuesto, en especial a las agresiones verbales y psicológicas”, ha explicado el Sector. “A la particularidad de los asuntos que se tratan hay que añadirle que es una de las pocas ramas de la Administración carente de un servicio de atención al cliente o al usuario, con lo que el ciudadano que debe acudir a órganos de Justicia como el Registro Civil o los juzgados de guardia llega en persona hasta la misma mesa o el puesto del funcionario”, ha añadido.

En este sentido, aunque el sistema de cita previa implantado con motivo de la pandemia para aforar las sedes judiciales “aún se está afinando”, CSIF se felicita de que el protocolo profundice en la instalación de puntos de información para mejorar la relación con la ciudadanía. También considera positivo que establezca la necesidad de crear un registro de agresiones en estos centros de trabajo porque, además de visibilizar el problema, el análisis de los datos facilitará la elaboración de un mapa de riesgo y la adopción de medidas preventivas concretas.

Según la central sindical, el protocolo incluye medidas generales “correctoras”, como evitar el aislamiento del trabajador, ya sea físico u horario; disponer mobiliario adecuado al nivel de riesgo y zonas de espera apropiadas y cómodas para el público; asegurar una correcta gestión de colas y esperas; monitorizar las entradas, las salidas y las zonas de mayor riesgo; ofrecer una información clara a los usuarios sobre derechos, obligaciones y horarios, así como advertirles de las consecuencias de los actos agresivos; y desarrollar un plan de formación específico para el personal sobre el manejo de situaciones conflictivas. CSIF también califica de “acierto” que el personal funcionario cuente ahora con pautas o actuaciones que deberá seguir cuando se enfrente a este tipo de comportamientos, así como con una guía básica de orientación jurídica de cara a las acciones legales que pueden emprender.