La Policía Nacional ha detenido en Almería a 14 personas de diversas nacionalidades y han investigado a otros diez individuos más por su presunta implicación en un grupo delictivo dedicado a concertar matrimonios o parejas de hecho entre ciudadanos extranjeros y nacionales españoles con la intención de regularizar su situación administrativa en España. Los miembros de la organización actuaban como intermediarios entre el extranjero interesado en regularizar su situación y el español con quien contraerían matrimonio a quien ofrecían la cantidad de 2.500 o 3.000 euros por llevar a cabo el fraude, según la Comisaría Provincial.

La operación se inició a principios del pasado mes de diciembre al tenerse conocimiento de la existencia de un grupo perfectamente estructurado y jerarquizado integrado por ciudadanos españoles, de origen egipcio y de nacionalidad rumana, que estaban dedicándose al favorecimiento de matrimonios de conveniencia y de parejas de hecho mediante la falsificación de diversos tipos de documentos. En la investigación se detectó que la inmensa mayoría de los enlaces celebrados eran entre ciudadanos con nacionalidad española y marroquíes.

Las actuaciones dieron como resultado la identificación del principal responsable de la trama, que resultó ser un sujeto de nacionalidad egipcia que ejercía la dirección y la captación de posibles contrayentes facilitando toda la infraestructura necesaria para la celebración de bodas, gestión y asesoramiento a clientes interesados en regularizar su situación en España mediante esta práctica ilegal. El 'modus operandi' utilizado consistía en la elaboración de los expedientes para realizar los enlaces aportando los documentos requeridos por la administración, en la mayoría de los casos falsos, la presentación de las solicitudes ante un notario para realizar las constituciones de pareja de hecho con el fin de evitar las entrevistas personales realizadas en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y la presentación de los expedientes matrimoniales ante el registro civil.

La cantidad estipulada que percibían los dirigentes de este entramado delictivo rondaba los 6.000 euros por unión celebrada, entregándose entre 2.500 y 3.000 euros a la persona española interesada en contraer matrimonio o constituirse en pareja de hecho mientras que el resto se repartía entre los intermediarios que ponen en contacto a las parejas y los propietarios de viviendas que autorizan los empadronamientos fraudulentos en sus viviendas a las fingidas parejas. Hasta el momento han sido detenidas ocho personas españolas, dos rumanos, dos marroquíes y dos egipcios como presuntos autores de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones durante los próximos días.