La segunda jornada del juicio del Caso Poniente, sin duda, uno de los que más revuelo ha provocado en la provincia almeriense durante los últimos años, se basa en las argumentaciones de los abogados de las defensas, que sentencian que los delitos fiscales han prescrito.

Hacen hincapié en la vulneración del principio acusatorio. De esta forma, la defensa pone en duda y rechaza la instrución argumentando que las imputaciones de delitos contra la Hacienda Pública se presentaron en 2016 mediante escritos. Por ello, y por estar por encima del periodo marcado de cinco años, habría prescrito.

El juicio por la macrocausa derivada de la Operación Poniente por presunta corrupción municipal y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido se inició el viernes pasado con la absolución de cinco de los 49 acusados, quienes abandonaron la sala, al señalar con anterioridad al trámite de cuestiones previas que los delitos de los que se les acusaba han prescrito.

Los dos primeros casos fueron declarados al inicio de la primera sesión por la presidenta del tribunal, Társila Martínez, después de que el letrado de la Administración de Justicia diera cuenta de dos resoluciones dictadas por la Sección Primera de la Audiencia por las que se exime a Antonio C.G. y a María Jesús M.M. de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios por los que se les pedía 18 meses de prisión a cada uno y tres años de inhabilitación, así como una multa de 6.486 euros a cada uno.

Iniciado formalmente con 42 acusados el trámite de cuestiones previas, para las que se han reservado dos sesiones más el 17 y 24 de enero sesiones, el letrado del exalcalde y del empresario Jesús Aragón, Francisco Torres, ha pedido la prescripción de los 16 delitos fiscales por los que al entonces primer edil piden 52 años de cárcel y que suponen "el 84,5 por ciento de todas las penas" en relación a la causa; una solicitud que han reiterado otros seis letrados de la defensa en sus intervenciones.

"DAÑO" CON EL PROCESO

El abogado de Enciso incidió además en la vulneración del derecho fundamental a tutela judicial efectiva, en la infracción del derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, ya que los hechos investigados datan de 2007, y en la vulneración del secreto de las comunicaciones, de modo que ha considerado que "debería volver a valorarse" la nulidad de las escuchas captadas durante la investigación, que han hecho "daño" a su patrocinado ante la publicación de su contenido en medios.

"La investigación se inició en marzo de 2007 y se judicializó en marzo de 2009, pero el secreto sobre las escuchas no se levanta hasta 2010 con reportajes en prensa", apuntó el letrado, quien en su escrito ya apuntaba a las consecuencias "devastadoras" que el caso ha tenido para su representado y su familia.

Por su parte, el abogado del exinterventor municipal, Francisco Ferre, incidió también en la prescripción de los delitos fiscales y ha solicitado la nulidad del proceso en base a una "investigación prospectiva y generalizada" que, a su parecer, habría vulnerado el derecho de tutela judicial efectiva de su cliente.

En la misma línea, también pidió la nulidad de las escuchas telefónicas y de determinadas resoluciones dictadas durante la investigación efectuada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería --entre ellas la orden de arresto que llevó a Alemán a estar nueve meses en prisión-- que, a su parecer, podría conllevar incluso el sobreseimiento de otros delitos que, de forma general, se verían afectados por unas dilaciones indebida al prolongarse la instrucción durante más de diez años.