Hace ya ocho años que el matrimonio de jubilados británicos, Leonard y Helen Prior, vieron como su vivienda construida en el Pago La Loma del muncipio de Vera, era demolida por las maquinas retroexcavadoras. Desde aquel año 2008, la pareja vive en un garaje.

Hace unos días, sin embargo, recibieron una buena noticia que llevaban mucho tiempo esperando: la magistrada Ana Fariñas, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 3 de Almería, ha dictaminado que el Ayuntamiento veratense debe indemnizarles con 425.185,43 euros por la demolición de dicha vivienda.

Las reacciones a la sentencia no han tardado en llegar desde diferentes frentes. La asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora-NO', que agrupa a ciudadanos extranjeros, en su mayoría de origen británico, propietarios de viviendas fuera de ordenación en la provincia de Almería, han valorado la "victoria" de los Prior en los tribunales aunque han reclamado que cese "el calvario que viven desde hace casi diez años", cuando su vivienda construida con licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento de Vera fue demolida.

"Puede resultar una victoria pírrica porque aún cabe apelación por parte del Ayuntamiento de Vera y actuaciones jurídicas para retrasar el cobro de la indemnización por parte de los señores Prior, y por eso reclamamos justicia de una vez por todas para ellos", ha declarado la presidenta de la AUAN, Maura Hillen.

Hillen ha remarcado que el matrimonio, de 72 años, no "hizo nada malo, solo confiar en el Estado español y en su sistema jurídico", por lo que ha demandado que "que termine su odisea, tan nefasta y perjudicial para todos". "Es hora de que se les pague", ha incidido.

Por su parte, en el Consistorio veratense se produjo ayer una junta de Gobierno local para el análisis de la sentencia de lo contencioso-administrativo. En ella, según ha podido saber Diario de Almería, se ha decidido apelar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. "Desde el Ayuntamiento creemos que no se hizo nada incorrecto y queremos defender la legalidad del proceso que se llevó a cabo en todo momento", han declarado.

Las mismas fuentes municipales informan de que el anterior equipo de Gobierno (el del Partido Popular) encargó la defensa de este caso a una empresa externa, por lo que "hemos ordenado al servicio jurídico interno del Ayuntamiento que examinen todo el expediente detalladamente para conocer a fondo cómo se realizó dicha defensa y poder actuar al respecto".

Si finalmente, tras la apelación al TSJ, se confirmara la sentencia por la cual el Consistorio veratense debe pagar algo más de 425.000 euros, este importe no saldría directamente de los fondos de las arcas municipales, ya que cuentan con un seguro de Responsabilidad Civil que tendría que ser el que se hiciera cargo de que los Prior cobrasen, casi una década después, parte del dinero que llevan reclamando desde que, en enero de 2008, tuvieron que ver la casa de sus sueños demolida por las máquinas.