Almería

Contradicciones en la regularización de viviendas

  • El alcalde de la localidad valora la propuesta de la Junta de modo positivo si ello ayuda a "buscar soluciones" · La medida ha sido adoptada por el Gobierno Central

La excepcional cantidad de normativas que regulan todos los actos administrativos, jurídicos o de cualquiera otra índole, son en muchos casos contradictorios, cuándo no confusos en su aplicación. Sucede con el borrador del Decreto que prepara la Junta de Andalucía para regularizar las viviendas fuera de ordenación. Por un lado, el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, en el capítulo de Seguridad Jurídica, precisa: "Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que se acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título.

A tales efectos, el Registrador comprobará la inexistencia de anotación preventiva por incoación de expediente de disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate y que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general. El asiento de inscripción dejará constancia de la situación de fuera de ordenación en la que queda todo o parte de la construcción, edificación e instalación, de conformidad con el ordenamiento urbanístico aplicable. A tales efectos, será preciso aportar el acto administrativo mediante el cual se declare la situación de fuera de ordenación, con la delimitación de su contenido. Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al Ayuntamiento respectivo de las inscripciones realizadas en los supuestos comprendidos en los números anteriores, y harán constar en la inscripción y en la nota de despacho la práctica de dicha notificación". Un galimatías puro y duro para el ciudadano común.

Para el alcalde de Lubrín, Domingo José Ramos, el asunto es claro: "el Decreto de la Junta, en principio, elimina los problemas de las viviendas alegales. Hay incertidumbre en muchas familias y este Decreto solucionará su problema, si bien algunas viviendas por dónde están ubicadas: zona protegida o inundable, será imposible legalizarlas. Pero se legalizarán casi todas". El Alcalde de Lubrín calcula que serán alrededor de cincuenta las viviendas que no podrán ser regularizadas por las circunstancias citadas.

Domingo José Ramos valora positivamente la iniciativa de la Junta de Andalucía "porque todos hemos sido responsables, aunque no se trata de buscar culpables, sino de encontrar soluciones y que sea lo antes posible". Si para Ramos este Decreto de la Junta es una buena medida para erradicar un problema que afecta a propietarios, Ayuntamientos y, también a la Junta de Andalucía, "la situación de liquidez por la que está pasando el Ayuntamiento es muy difícil, no podemos llegar a fin de mes para cubrir los gastos, seguros sociales, nóminas, de los dieciséis trabajadores que tiene este Ayuntamiento". Domingo José Ramos aplicará recortes allá donde pueda, terminará los proyectos que están en marcha como la fábrica de yogurt, y sorteará la crisis de liquidez hasta donde dé. Espera que la medida adoptada por el Gobierno Central de encomendar al Instituto de Crédito Oficial la puesta en marcha de la Línea ICO-Entidades Locales 2011, sirva de algún desahogo a los Ayuntamientos.

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