El municipio acogió ayer la Comisión Territorial de Asistencia a la delegada de Gobierno, Carmen Crespo, en la que estuvieron, junto a ella, los ocho subdelegados del Gobierno a nivel autonómico. Durante el encuentro Crespo anunció que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente invertirá este año 6,2 millones de euros en distintas actuaciones de conservación y mantenimiento de la costa en la comunidad autónoma tendentes a mejorar el estado de las playas de cara a la temporada de verano y en diferentes obras de infraestructura.

A lo largo de la jornada Crespo y los subdelegados visitaron el Ayuntamiento de Roquetas, donde fueron recibidos por su alcalde, Gabriel Amat, antes de celebrar una reunión de trabajo de la Comisión de Asistencia.

En el Consistorio roquetero Crespo informó a cerca de los trabajos que se realizarán en las playas en los próximos meses, incluyendo actuaciones de redistribución, reperfilado y aportaciones artificiales de arena y reparación de rampas, pasarelas y otros elementos de equipamiento y dotación de servicios públicos.

El importe mencionado contempla, igualmente, actuaciones medioambientales de mayor proyección temporal dirigidas a subsanar deficiencias estructurales en la costa, como la recuperación ambiental del delta del río Andarax, en el término municipal de Almería, actualmente en fase de ejecución, que cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros en este presente ejercicio.

Por otra parte, la delegada se ha referido a la nueva Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, aprobada por el Senado el pasado 24 de abril y que ahora ha de ser ratificada por el Congreso, como una ley que "preserva el litoral, ofrece seguridad jurídica y permite el crecimiento económico" y ha anunciado que dará más detalles sobre sus efectos en Andalucía una vez entre en vigor.

La delegada de Gobierno ha destacado que uno de los problemas que arrastra la actual legislación, como ha demostrado la experiencia, es una urbanización descontrolada en algunos puntos de litoral que ha supuesto su degradación.

"La denominada cláusula 'antialgarrobicos' permitirá, a partir de ahora, atajar posibles incumplimientos, ya que el Gobierno podrá suspender cautelarmente una obra a la espera de la decisión de los jueces", ha explicado.

Respecto a la reducción desde los 100 a los 20 metros para viviendas construidas con anterioridad al año 1988, la delegada de Gobierno ha destacado que "se trata de resolver situaciones que en la ley de 1988 quedaron en el limbo jurídico", dando solución a suelos que en esa fecha ya estaban transformados con acceso rodado, alcantarillado y servicios, y de proteger a quienes de buena fe se instalaron allí. "La inseguridad jurídica crea alarma y perjudica la marca España", ha dicho.