La concejala del PSOE Amparo Ramírez ha advertido al alcalde de Almería sobre la apertura de expediente del Defensor del Pueblo Andaluz al equipo de gobierno del Partido Popular por desaprovechar los fondos para atender a las familias de barrios desfavorecidos, a través del programa ERACIS. "Es indignante que el alcalde desaproveche esos más de 6 millones para ayudar a la gente que más necesita", ya que se han dejado sin cubrir 8 plazas vacantes del dicho programa, a pesar de que existen cuatro bolsas de profesionales ya seleccionados que podrían incorporarse de forma inmediata.

A su juicio, "es penoso que haya tenido que venir el Defensor del Pueblo a poner orden en este Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular", en una ciudad que está "a la cabeza de España en niveles de pobreza". No en vano, la concejala socialista ha dado a conocer la decisión del Defensor del Pueblo frente al centro de Servicios Sociales de El Puche, "como exponente de un barrio desfavorecido con grandes desigualdades y elevados niveles de pobreza y problemas sociales", a los que se suman otros seis barrios más en circunstancias muy parecidas.

ERACIS

Según Ramírez, el Plan Local de Intervenciones en Zonas desfavorecidas del Ayuntamiento de Almería recibió la subvención de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía dentro de la Estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión social (ERACIS). Todo ello con el objetivo de reducir las desigualdades y permitir el acceso a la educación, la salud, los servicios sociales y el empleo de las personas que viven en estos barrios.

Dichos fondos ascendían a más de 6 millones y medio de euros para un período de 4 años. Para el año 2020 el Ayuntamiento ha recibido más de 2 millones de euros destinados a contratar a 50 trabajadores entre psicólogos, trabajadores sociales, educadores y animadores socioculturales. "Sin embargo, a fecha de hoy, solo prestan servicio 42 trabajadores, por lo que hay 8 plazas vacantes", según la concejala del PSOE, quien considera que supone un triple perjuicio.

En su opinión, "se perjudica a los vecinos de los barrios a los que van dirigidos los fondos, poniendo en peligro la consecución de los objetivos del Programa, a los trabajadores desempleados, incluidos en las 4 bolsas de empleo que llevan esperando años para trabajar, y a las arcas públicas, pues los fondos que no se apliquen a la contratación de estos trabajadores tendrán que devolverse".