¿De qué se quejan los almerienses? Almería, la provincia andaluza que menos se queja al Defensor del Pueblo

  • El pasado año fueron tramitados 707 expedientes. Educación es la materia que más quejas ha registrado seguida de Medio ambiente y temas relacionados con menores, según el informe

Alumnos en clase atienden a su maestra. Alumnos en clase atienden a su maestra.

Alumnos en clase atienden a su maestra. / Redacción (ALMERÍA)

Los ciudadanos almerienses son los que menos se quejan al Defensor del Pueblo Andaluz. Así lo refleja el Informe Anual de la institución de 2018, que cifra en un total de 707 los expedientes tramitados en la provincia a lo largo del pasado año. Un dato que iguala a Almería con Huelva (707), y que las sitúa como las provincias andaluzas que menos quejas han presentado a Jesús Maetzu.

Les seguiría Jaén (747); Córdoba (1.083); Granada(1.241); Cádiz (2.129); Málaga (2.221), y en el lado opuesto estaría Sevilla con el mayor número de expedientes (6.818). Educación es el objeto de la mayor parte de las quejas gestionadas en Almería con un total de 57, seguido de Medio Ambiente (40), y menores (38). Los hombres se quejan algo más que las mujeres, registrando los primeros un 54%, y las segundas un 46%, tal y como refleja el informe.

De los 103 ayuntamientos de la provincia, apenas 26 iniciaron una queja en 2018. Almería presentó 26; Roquetas de Mar 14; Cuevas del Almanzora 7; Vícar y Carboneras 6, respectivamente;Huércal de Almería y El Ejido 5 cada municipio; Níjar, Vera y Garrucha, 4 por pueblo; La Mojonera y Adra (3); Sorbas, Huércal-Overa, Antas, Mojácar, Dalías, Albox, y Olula del Río (2), y Pechina, Padules, Gérgal, Turre, Félix, Berja y Serón (1).

Informe Defensor en Almería Informe Defensor en Almería

Informe Defensor en Almería / Departamento de Infografía (ALMERÍA)

Materias abordadas en el Informe Anual 2018

En Educación, las familias y los alumnos aspiran a acceder a centros escolares modernos, con infraestructuras adecuadas, dotados de los recursos personales y materiales necesarios, libres de acoso, donde se encuentren incorporadas las tecnologías de la información y la comunicación y donde se impulse el conocimiento de lenguas extranjeras.

También se exige una educación inclusiva y no segregadora para el alumnado afectado por algún tipo de discapacidad, a la par que se demanda recursos, becas y ayudas al estudio para el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorables.

Y para quienes optan por las enseñanzas de formación profesional lo que se solicita por la ciudadanía es una oferta amplia y variada de titulaciones, con un acercamiento al tejido productivo y al mercado de trabajo, haciendo posible y viable la conexión entre los centros de enseñanza y la actividad laboral.

Disminuye la conflictividad surgida por el decreto que afectó a la educación infantil, aunque continúa la tendencia de reclamaciones en educación especial.

El Informe Anual 2018 del Defensor del Pueblo andaluz subraya que ha disminuido la conflictividad surgida por el decreto que afectó a la educación infantil, aunque continúa la tendencia de reclamaciones en educación especial. Si en el pasado el motivo de reclamación giraba en torno a la ausencia de profesionales en los colegios e institutos, en estos momentos el conflicto surge porque aquellos no prestan sus servicios durante toda la jornada escolar, debiendo desempeñar sus cometidos en varios centros. Se produce una inclusión a medias.

También recoge el Informe Anual los problemas que han llegado a la Oficina sobre la gestión del servicio de comedor escolar (calidad de los menú, incidencias por el no uso del mismo durante algunos días, oferta de plazas inferior a la demanda, solicitud de gestión del servicio por las AMPA, entre otras reclamaciones).

En Salud, el Informe Anual 2018 del Defensor del Pueblo anota que se mantiene una diferencia sustancial entre los niveles asistenciales de primaria y especializada, muchas más numerosas las quejas en los segundos.

En Salud el protagonismo recae de nuevo en la reclamación vinculada a los tiempos de respuesta asistencial.

El protagonismo recae de nuevo en la reclamación vinculada a los tiempos de respuesta asistencial, que en sus distintas vertientes (primeras consultas de especialidades, otras consultas, procedimientos diagnósticos e intervenciones quirúrgicas de todo tipo) se sitúan en un porcentaje del montante total de queja recibidas en salud que no suele bajar del 25%, siendo el ejercicio de 2018 fiel reflejo de esta tendencia.

Destaca además las conclusiones del Informe Especial sobre derechos de las personas en el proceso de muerte presentado en 2017 y que se ha traducido durante el pasado año en un incremento de cuestiones relacionadas con este tema.

Sobre Dependencia y Servicios Sociales, los puntos de discordia se concentran en las vulneraciones del plazo para resolver el procedimiento administrativo, es decir, para reconocer la situación de dependencia y para la efectividad del derecho mediante la asignación de una prestación del Sistema o de un servicio del Catálogo.

En Dependencia resulta mayor el conflicto cuando se trata del acceso a servicios, particularmente, a la ubicación del Centro residencial para las personas mayores

Estas demoras suponen una superación del plazo legal máximo por encima de lo razonable, tanto en las actuaciones dirigidas al reconocimiento o revisión de grado, como en las que comporta la asignación de recurso. Resulta mayor el conflicto cuando se trata del acceso a servicios, particularmente, a la ubicación del Centro residencial para las personas mayores y a la insuficiencia de residencias destinadas a personas dependientes con específicos perfiles de discapacidad.

Sobre los Servicios Sociales, especialmente los comunitarios, el Informe Anual 2018 reúne las críticas sobre deficiencias de personal, sobrecargados por el aumento de la población destinataria de su intervención, así como un incremento de funciones y demandas ciudadanas a las que dar respuesta, que no parece nacer acompañada de la suficiencia de medios. Para el Defensor, esta situación requiere de un análisis inmediato y de un abordaje exhaustivo y riguroso.

Pero sin duda el año 2018 ha estado marcado para el Defensor del Pueblo andaluz por la consecución de un logro social largamente esperado, el reconocimiento de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, como derecho de naturaleza jurídica subjetiva.

Denuncian los retrasos en el acceso a la Renta Mínima de Inserción Social, de ocho meses de media, en lugar de los dos meses establecidos

Sin embargo, en el Informe Anual 2018 se denuncian los retrasos en el acceso a este reconocimiento, de ocho meses de media, en lugar de los dos meses preceptuados para que la resolución sea dictada y notificada, ante administraciones e instituciones con competencia en la materia.

En cuanto a Infancia, Adolescencia y Juventud, se ha centrado en la situación de los menores de edad migrantes que llegan a las costas andaluzas sin referentes familiares, que ha llevado al Defensor durante el pasado año a distintas actuaciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz

¿Quién es el Defensor del Pueblo Andaluz?-En la actualidad, el Defensor es Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, nacido en Medina Sidonia (Cádiz) en 1943 y Medalla de Andalucía 2010. Es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla y desde 2003 ha estado al frente del Comisionado del Polígono Sur de Sevilla para recuperar esta zona, una de las más deprimidas de la capital andaluza. Maeztu ya desempeñó el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz, en funciones, entre 1995 y 1996, en sustitución de su entonces titular, Manuel Conde-Pumpido Ferreiro.

¿Qué es el Defensor del Pueblo Andaluz y cuáles son sus funciones?-El Defensor del Pueblo Andaluz es una Institución del Parlamento de Andalucía dedicada a proteger los derechos y las libertades de la ciudadanía comprendidos en el Titulo primero de la Constitución y en el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía (derecho a la Igualdad, derecho a la Educación, derecho a la Protección de la Salud, derecho de acceso a la Cultura, derecho a disfrutar de un Medio Ambiente adecuado, derecho a la Vivienda, derecho al Trabajo, etc.)

¿Cuesta dinero presentar una queja, hacer una consulta o solicitar una mediación al Defensor?-No. La intervención es gratuita, sencilla y reservada.

¿Quién puede acudir al Defensor del Pueblo Andaluz?-Cualquier persona puede pedir la intervención del Defensor. No importa la edad, el origen, la residencia o la nacionalidad. Las personas jurídicas (asociaciones, empresas, fundaciones, ONG´s, etc.) también pueden acudir al Defensor.

¿Para qué se puede acudir al Defensor del Pueblo Andaluz?-Al Defensor del Pueblo Andaluz se puede acudir: Para presentarle una queja contra alguna Administración Pública de Andalucía; para plantearle alguna consulta;para solicitarle que haga una mediación ante una Administración Pública, ante empresas prestadoras de servicios de interés general o ante algunas entidades privadas, y para proponer iniciativas al Defensor, lanzándole ideas o propuestas para acometer nuevos proyectos sobre problemas que interesan y afectan a la ciudadanía.

Más de 10.900 quejas y 13.000 consultas registradas en 2018 en Andalucía

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, entregaba a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, el pasado mes de marzo, el Informe Anual de la institución de 2018. Según los datos que se recogen en el mismo, el Defensor del Pueblo andaluz gestionó el pasado año 10.915 quejas, de las que 7.570 fueron nuevas (7.436 a instancia de parte y 134 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores, y 13.117 consultas.

Estos datos son inéditos en la historia de la Institución y suponen un incremento de un 11,2% en cuanto a quejas tramitadas y de un 26,3% en consultas con respecto a 2017, lo que sumado a las 729 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc) ofrece un balance total de 24.761 actuaciones en defensa y promoción de los derechos de la ciudadanía. En total, fueron 22.001 personas las que requirieron en 2018 la intervención de este comisionado parlamentario.

En cuanto al balance de sus actuaciones, cumplidos los cinco años de vigencia del mandato, Jesús Maeztu ha mencionado el impacto de la crisis económica durante este periodo que, pese a los síntomas de recuperación una década más tarde, sigue siendo muy dura para muchos andaluces y andaluzas.

“Todavía hoy se detectan núcleos de personas para quienes lo peor de la crisis aún no ha pasado y que necesitan de urgencia rentas de inserción para evitar la exclusión y la pobreza; ayudas para evitar el desahucio de sus viviendas; recursos para mantener a sus hijos a salvo de la pobreza infantil... Ellos no se han recuperado”, ha señalado Jesús Maeztu.

No obstante, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado la reacción que ha producido en la sociedad, con movilizaciones dirigidas a la recuperación de los derechos. “Ahora somos más conscientes de las amenazas de pérdida o retroceso de derechos y de lo costoso que sería su recuperación. Gracias a esta reacción, la sociedad está logrando la consolidación de muchos de ellos y que hoy se consideren, por todos, derechos indiscutibles. Ya no se toleran pasos atrás en los derechos conquistados”, ha señalado.

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