La presunta comisión de delitos de estafa procesal, falsificación de documentos públicos y de desobediencia vinculada al ingreso en la futura prisión malagueña de Archidona ha llevado al sindicado de prisiones a Acaip a presentar una denuncia penal ante los juzgados de Vera. Una denuncia que se ha visto acompañada por otra en los tribunales de Archidona, en este caso por detenciones ilegales, en el que se pide la medida cautelar la puesta en libertad de los ciudadanos detenidos "ilegalmente" en el centro penitenciario.

A día de hoy, según han precisado a Efe fuentes de Interior, 507 personas (todos hombres y de origen argelino) permanecen en ese recinto, cuya inauguración como presidio está prevista para enero de 2018. Las fuentes han recalcado que se decidió el traslado a Archidona porque la ocupación en los demás Centros de Internamiento de Extranjeros no daba ningún margen y que, a medida que se liberan plazas, se van realojando en los CIEs existentes.

Sin embargo, esta respuesta no satisface a Acaip, que asegura que esta medida contraviene lo dispuesto en el auto que permitió el ingreso, puesto que en Archidona no hay un centro no penitenciario de internamiento de extranjeros adjunto a la Jefatura Superior de Policía, sino un centro penitenciario.

Por otro lado, la Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha pedido al Defensor del Pueblo Andaluz que visite esta cárcel en relación a la posible presencia de menores que no hayan sido identificados como tales entre el medio millar de inmigrantes internados.

Y aún más, el PSOE ha pedido al Defensor del Pueblo que "intervenga en la investigación y el esclarecimiento de la actuación del Gobierno" por esta medida que supone "una vulneración de los derechos y libertades de las personas afectadas". Los socialistas, que se han reunido con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, han registrado un escrito en la sede de esta institución en el que solicitan su intervención.