El Ayuntamiento de Albox ha decidido la apertura de un expediente sancionador a la empresa Cespa, por haber construido, sin la necesaria licencia municipal, una planta de biogás en el vertedero que el Consorcio Almanzora-Levante-Vélez para la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos tiene ubicado en el término municipal de Albox. Esta obra ha sido promovida por la Diputación Provincial de Almería, que ha financiado la construcción de la planta con 169.402,86 euros, provenientes de los fondos Feder.

El alcalde de Albox, el socialista Rogelio Mena, ha advertido de que el vertedero ha entrado en "una dinámica de falta de respeto a la ley que es inaceptable y peligrosa". En este sentido, ha recordado que recientemente los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento albojense por haber paralizado las obras del nuevo vaso del vertedero, que también se estaba construyendo sin licencia. "Esto no es el lejano oeste", ha advertido Mena, "aquí nos sustentamos en el principio de legalidad y todos tienen que cumplir la ley, incluido el vertedero".

La obra que ahora ha dado origen a la apertura del expediente sancionador por parte del Ayuntamiento fue adjudicada por la Diputación Provincial de Almería, a la empresa Cespa, en enero de este año. El pasado 11 de junio, la Junta de Gobierno de la institución provincial certificó el final de la obra y la recepcionó, pero a día de hoy "el Ayuntamiento aún no ha visto el proyecto ni tampoco se ha solicitado licencia ninguna", ha insistido Mena.

El alcalde ha puesto de relieve que "cualquier ciudadano que quiera cambiar una ventana, arreglar un aseo o una cocina por valor de 1.000 euros, pide una licencia de obra en cumplimiento de su deber cívico, y sin embargo, para construir una planta de aspiración y combustión de biogás, que le adjudica la Diputación a la empresa Cespa, por valor de 170.000 euros provenientes de fondos europeos, se saltan a la torera la obligación de solicitar una licencia de obras".

Ante lo sucedido, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albox ha acordado incoar a la empresa un procedimiento de protección de la legalidad y disciplina urbanística, al objeto de determinar con carácter preliminar si los hechos denunciados son conforme al ordenamiento urbanístico.