La modificación del Plan General de Ordenación Urbana conducente a despejar de ladrillo el entorno de la Alcazaba, recientemente Premio Andaluz de Urbanismo, muestra el otro lado de la cara. Es la de Josefa, ‘Fina’ en el barrio del casco histórico, Carmen o Ángel, tres de la veintena de propietarios afectados por este plan del Ayuntamiento de Almería que derribará sus casas. Propietarios afectados se han encontrado con el ofrecimiento de una indemnización económica, sin alternativa de realojo, que no les proporciona capacidad para adquirir una nuevo techo o que, como mucho, les llegaría para cubrir los gastos de un alquiler medio durante un periodo de 60 meses, en unas circunstancias, además, de especial sensibilidad al tratarse de personas mayores, con enfermedades y fuerte arraigo al barrio en el que residen. O, al menos, así lo defienden.

La modificación del PGOU número 70 tiene el objetivo plausible de preservar y poner en valor el entorno de la Alcazaba de Almería, si bien estos cambios contemplan la demolición de viviendas en la manzana existente entre las calles Hércules, Almanzor y Viña. “No estamos en contra de que se desarrolle este plan ni en contra de las expropiaciones, sino de los justiprecios ofrecidos en los que el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta la situación personal, familiar, social y económica de los expropiados, así como su derecho de afectividad a su lugar de residencia”, comenta Manuel Hernández, abogado que ha presentado los escritos de alegaciones de siete propietarios ante estas indemnizaciones económicas “desprovistas de factor humano alguno”, en su opinión al considerar que “no se ha comprobado si tienen discapacidades, hijos, personas mayores impedidas... No se ha verificado ningún elemento social, tan solo una mera valoración económica”, sostiene.

Bajo las siglas PDEI-07 –el plan que afecta a un edificio y varias casas de la planta baja de la mencionada manzana–, hay historias complicadas como la que narra este abogado de una mujer de 83 años, con las piernas amputadas, con cuatro hijos y uno de ellos con problemas de salud mental, que lleva 55 años residiendo en su casa a la que apenas llega un salario total de mil euros.

Representa Hernández a siete de los afectados, aunque son una veintena que, según detalla, han recibido la orden de expropiación. En el caso de sus representados con un justiprecio de unos 30.000 euros de media. Hay cifras superiores, pero también inferiores. “La casa puede ser un cañizo, pero es su vivienda, y una vivienda digna, y con lo que ofrecen no pueden optar a vivir más allá de la cavidad de un puente o una cueva”, una consideración que el abogado ha dejado también por escrito en las alegaciones con las que los propietarios han emprendido la vía administrativa con intención de que Urbanismo reconsidere los precios ofertados en estas expropiaciones forzosas con una propuesta que les permita realmente optar a una vivienda digna en el mercado libre y les compense el tener que abandonar la zona en la que residen.

“No hay ni un mínimo de humanidad en la propuesta adoptada, tan solo un pretendido interés urbanístico que claramente atenta contra los derechos fundamentales”, sentencia Hernández.

Sin viviendas de realojo para todos los afectados

En su comunicación a los afectados por este proceso de expropiación, el Ayuntamiento reconoce que no dispone de viviendas de realojo para todos en la misma zona o lo más próximo posible por lo que ofrece una indemnización económica para adquirir sus propiedades a fin de que, según el Consistorio, “puedan afrontar la compra de una vivienda adecuada” con cuantías que, según los afectados, son más que exiguas. El abogado que representa a una parte de los ocupantes legales incide en el orden de las alternativas posibles: primero realojos y luego, los justiprecios. “No es que el realojo sea una alternativa al justiprecio, sino que, todo lo contrario, el justiprecio es la una alternativa al realojo, que debe ser el objetivo primordial”.