La sesión plenaria celebrada ayer en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar volvió a debatir el caso Fabriquilla, que se remonta a 1997 e investiga un presunto delito de prevaricación urbanística por la concesión de una licencia de obras para la construcción de diez viviendas de lujo en una parcela del paraje de la Fabriquilla. Este espacio estaba calificado como de uso terciario, y no residencial, según el Plan General de Ordenación Urbanística vigente por entonces.

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en Roquetas de Mar, Ricardo Fernández, preguntó en el turno de Ruegos y Preguntas si ha remitido al Juzgado los nombres de los integrantes de la Comisión de Gobierno que aprobó las licencias, ya que el Fiscal pedía su imputación, en un intento de dirimir responsabilidades sobre la aprobación de la mencionada licencia.

El alcalde, Gabriel Amat, aseguró que IU "intenta confundir a la ciudadanía", ya que "la jueza no ha admitido que se llame a declarar a nadie, solo ha solicitado los nombres, sin imputar a nadie". Asimismo, el regidor aseveró que "más pronto que tarde se va a saber todo. La Comisión del Territorio tendrá mucho que decir, ya que lo aprobó (la licencia)".

Por otra parte, el portavoz del PSOE roquetero, Juan Ortega, preguntó en sesión plenaria cuándo se procederá al cierre de la actual entrada al Parque Natural de Punta Entinas-Sabinar. La medida, a instancias de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, pretende cambiar el actual acceso por otro situado en la zona de la Urbanización Playa Serena, junto a los edificios.

El equipo de gobierno ha pedido que se haga esa petición por escrito, ya que "hay una queja de los vecinos, que se niegan a que se abra el nuevo paso en ese punto".

No se debatieron las dos mociones de la oposición, una de IU que pide solicitar a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía la declaración como lugar de memoria histórica al Cañarete, y otra de Indapa para iniciar con urgencia las acciones necesarias para que en el espacio libre proveniente de la UE 11.2A cese el uso privativo y se devuelva al uso colectivo o individual de la ciudadanía. El equipo de gobierno señaló que "no hay informes para ello". En el primer caso, es necesario un consenso entre Roquetas, Felix y Almería, competentes en el Cañarete; y para la moción de Indapa se requiere un informe de Tráfico, ya que la zona (en la subida del Palacio de Congresos) "se utiliza para carga y descarga".