Almería

Fiscalía pide siete años y nueve meses a exvicepresidente de Diputación por el caso 'Facturas'

  • Sostiene un plan con la exsecretaria del Patronato de Turismo para apropiarse presuntamente de más de 763.000 euros

La Fiscalía solicita penas de siete años y nueve meses de prisión para el exvicepresidente de la Diputación Provincial de Almería Luis Pérez Montoya (PSOE), y de nueve años y diez meses de cárcel para la exsecretaria del Patronato de Turismo María Teresa González Rivera, acusados de urdir un "plan por el que se habrían apropiado" de más de 763.000 euros de fondos públicos de la institución "para quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas". 

El Ministerio Público sostiene que ambos emplearon dos mecanismos; el principal, ya que mediante este habrían sustraído a la Diputación Provincial la cuantía de 690.202,65 euros, consistió presuntamente en "concertar" con empresarios que contrataban con el Patronato de Turismo para bienes y servicios la elaboración de facturas por "unos servicios que no se prestaban o por bienes que no se entregaban", haciendo constar en estas el concepto que Pérez Montoya y González Rivera les indicaban y que, por lo general, hacían referencia a servicios que podrían ser propios del organismo autónomo. 

El escrito de acusación del conocido como caso 'Facturas', al que tuvo acceso Europa Press, indica que, al margen de este método, el exvicepresidente socialista de la Diputación y la exsecretaria del Patronato habrían ideado otro sistema para "apropiarse o destinar fondos públicos a fines particulares y por completo ajenos a la que era la actividad del organismo" mediante la utilización del "anticipo de caja fija". La cantidad defraudada en este caso sería de 73.000 euros. 

La Fiscalía formula acusación contra un total de 18 procesados, entre ellos conocidos empresarios almerienses como Joaquín Conde, de Publifiestas Conde; o Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos, de Leitour Viajes; así como contra el presidente del Club Voleibol Unicaja, Ramón Sedeño, y el tesorero del club, Guillermo Carmona; el entrenador y gestor del club Vícar Goya de Balonmano, Miguel Ángel Florido o militantes socialistas como Juan Antonio Bisbal. 

Según el detallado escrito, de 38 páginas, para ejecutar el plan presuntamente urdido por ambos y en el que precisaban un concierto con empresas proveedoras del Patronato, Pérez Montoya dictó "en múltiples ocasiones" resoluciones previo informe favorable de González Rivera "acordando la contratación de bienes o de servicios con conocimiento de que no se iban a prestar pero sí a pagar por el Patronato". Así, cuando las facturas eran remitidas por los supuestos proveedores, el primero estampaba un sello con su nombre y cargo mientras que la segunda hacía lo propio con un sello con la palabra 'conforme' haciendo constar "mendazmente" que era un servicio prestado al Patronato y acordando su pago. 

El exvicepresidente y la exsecretaria habrían ideado, asimismo, otro sistema "para apropiarse o destinar fondos públicos a fines particulares" que habrían puesto en marcha en enero de 2008 con el dictado por parte de Luis Pérez, como presidente accidental de Patronato, de una resolución por la que nombraba a María Teresa González como "habilitada para la disposición de los fondos del anticipo de caja fija". 

De este modo, según indica, ambos "decidieron de común acuerdo" justificar gastos privados de ellos y de otras personas como gastos de la actividad propia del Patronato" y, en virtud de ello, supuestamente aportaron hasta diciembre de 2010 un total de 697 tickets o facturas "en su gran mayoría correspondientes a gastos de restauración que no se correspondían a gastos efectuados en el desarrollo de la actividad propia del Patronato de Turismo". Reprocha, asimismo, el fiscal que, al registrar las facturas en la aplicación informática, hacían constar que eran gastos del gerente "cuando aquel no los había efectuado". 

Por medio de este sistema, cuantifica la cantidad total defraudada en "unos 73.000 euros" ya que, de manera periódica, Pérez Montoya "dictaba resoluciones aprobando la cuenta acreditativa de la inversión del anticipo de caja fija presentada por González Rivera y ordenaba que se procediera a su reposición". 

La Fiscalía hace alusión, asimismo, a que en enero de 2011, el exvicepresidente socialista de la Diputación dictó otra resolución por la que efectuó un libramiento de 20.000 euros a justificar a María Teresa González para atender los gastos que se originarían por el Patronato en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur. 

Cuando con una nueva resolución se cambió la persona habilitada, la exsecretaria habría ideado otro plan, en este caso sin conocimiento de Luis Pérez, para "apropiarse de los fondos de libramiento que no fueran necesarios para gastar en Fitur" y, así, supuestamente dispuso que los 20.000 euros fueran transferidos "a una cuenta particular a su nombre". "Como quiera que, en la celebración de la feria, el Patronato tuvo gastos que no alcanzaban el importe total del libramiento, con la finalidad de quedarse con los 5.381.92 euros restantes procedió a confeccionar dos facturas de empresas que nunca habían tenido relaciones comerciales con el Patronato", ahonda. 

María Teresa González habría imitado la firma de un trabajador y del propio Luis Pérez en las dos facturas y luego las habría incorporado al expediente de justificación del gasto que ella misma tramitó "para simplemente quedarse con el dinero que ya había sido ingresado en su cuenta". 

En el escrito de acusación, de 25 de febrero y elevado al Juzgado de Instrucción 6 de Almería, el fiscal relata cómo en el seno del Consejo Ejecutivo del Patronato Provincial de Turismo celebrado el 11 de abril de 2011, presidido por Luis Pérez y a su propuesta, se aprobó un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al año 2010 pese a que "tenía conocimiento de que los créditos que se aprobaban contenían, al menos, seis facturas por un importe total de 54.223, 36 euros que correspondían a servicios no prestados al Patronato" y con previo informe favorable de María Teresa González, "quien tenía el mismo conocimiento". DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS 

Precisamente a la exsecretaria el Ministerio Público la acusa de "ordenar" a un empleado del Patronato "la destrucción de abundante documentación oficial" que extrajo del archivo que custodiaba y que lo hizo "en junio de 2011, tras la celebración de elecciones locales que motivaban un cambio de gobierno en la Diputación y para dificultar el descubrimiento de la trama". En concreto, indica que entre la documentación destruida se encontraban todos los expedientes relativos a anticipos de caja fija de los años 2009 a 2010, los expedientes relativos a los viajes contratados con la agencia de viajes Leitour y los expedientes relativos a relaciones de facturas de 2009 a 2010. 

Luis Pérez Montoya y María Teresa González se enfrentan a un delito continuado de malversación de caudales públicos, otro continuado de fraude a la Administración Pública, delitos continuados de falsedad en documento mercantil y documento oficial, y un delito de prevaricación continuado. A la exsecretaria le imputa, asimismo, la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos. 

La Fiscalía, al margen de la pena privativa de libertad, interesa la inhabilitación absoluta para ambos por 19 años y seis meses en el caso del cargo público, y de 24 años y seis meses en el caso de la funcionaria, para quien pide el pago de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros. En concepto de responsabilidad civil, solicita, en solidaridad con algunos otros acusados, que indemnicen a la Diputación Provincial con 769.134,74 euros en el caso de María Teresa González y con 763.752,82 euros en el caso de Luis Pérez Montoya. 

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